A la derecha española no le gustó la amnistía

En aquel año 1977 se aceleró la historia. El estanque quieto de la dictadura dio paso a un maremoto. Todo cambió. Fue un año clave y de traca. El PNV hizo cuatro cosas importantes. Acudir en Madrid a una reunión, Encuentro con Europa, con los líderes democristianos europeos de la época; convocar su asamblea nacional en Iruñea, tras la cual se presentó con un programa y unos cuadros renovados; registrarse como partido político en la ventanilla oficial madrileña, y acudir a las elecciones en el mes de junio. Treinta y cinco años después, HB, con otro nombre, ha hecho lo mismo.

Aquel año se legalizó la ikurriña y la demanda en la calle tenía varios gritos, uno de ellos era aquel de ¡Libertad, amnistía y estatuto de autonomía! La amnistía estaba en el corazón de todas las peticiones. De hecho, desde el batzoki de Abando y diseñada por Josu Bravo, se imprimieron cuatrocientas mil pegatinas solicitando la salida de todos los presos. Amnistia Danon-tzat fue aquella petición que Bravo y Elisabete Bizkarralegorra pusieron en circulación con gran mérito y dedicación distribuyéndolas por todas partes.

La semana proamnistía de mayo de 1977 fue una convocatoria de movilizaciones populares que tuvo lugar durante la transición política española, inicialmente para la semana del 8 al 15 de mayo en los territorios de Araba, Gipuzkoa, Bizkaia y Nafarroa para reclamar la amnistía de todos los presos relacionados con penas de raíz política. Las movilizaciones fueron duramente reprimidas por las Fuerzas de Orden Público produciéndose siete muertos y numerosos heridos, varios de ellos por heridas de bala.

Indulto Con motivo de la coronación de Juan Carlos I, el 25 de noviembre de 1975 se promulgó un indulto que benefició hasta el 1 de junio de 1976 a 773 personas encarceladas por delitos de raíz política de los que 688 fueron excarcelados y el resto vio reducida su pena.

En enero de 1976 en Donostia, al amparo de la nueva ley de asociaciones, se constituyó la primera asociación proamnistía formada por un grupo de abogados y otras personas conocidas de la vida social de la ciudad, fundando la Comisión Gestora de la Asociación pro Amnistía. Iniciativas similares se produjeron en numerosas localidades vascas, escenario en estos primeros meses de 1976 de múltiples manifestaciones, encierros y recogida de firmas por la liberación de todos los presos.

El 30 de julio de 1976 se decretó una amnistía, que supuso la salida de 287 presos y que no contempló los delitos encuadrados dentro de la denominación de terrorismo, por lo que no afectó a la mayoría de los presos que tenían dicha consideración, por su relación real o presunta con ETA y organizaciones similares. A la muerte de Franco había en las cárceles españolas unos 400 presos encarcelados por delitos de raíz política, de los cuales alrededor de 250 estaban condenados por terrorismo. Esto provocó que se siguieran convocando manifestaciones públicas para solicitar una amnistía total. Estas manifestaciones se dieron en varios puntos de España, pero se concentraron especialmente en Euzkadi.

El 11 de enero de 1977, Adolfo Suárez recibió a cuatro miembros de la Comisión de los Nueve, representantes de la oposición en la negociación con el Gobierno: Joaquín Ruiz-Giménez, de Izquierda Democrática; Joaquín Satrústegui, monárquico; Enrique Tierno Galván, PSP; José María de Areilza, monárquico; Josep Andreu, catalanista; Francisco Fernández Ordóñez, del grupo FEDISA; Santiago Carrillo, PCE; Felipe González, PSOE, y Julio de Jáuregui, éste veterano nacionalista del PNV, exiliado durante la mayor parte del franquismo, que puso la amnistía total como condición para una reconciliación total.

Por su parte, el 28 de febrero, 44 gestoras de Gipuzkoa se entrevistaron con el nuevo gobernador civil para solicitar su legalización. El gobernador no sólo se muestra partidario de la amnistía, sino que solicita ser inscrito como socio. Entre el 26 de febrero y el 6 de marzo se convocó una primera semana pro-amnistía en "las provincias vascas y Navarra", que a pesar de la virulencia con la que se reprimen las movilizaciones no produjo víctimas mortales. El 11 de marzo, el Gobierno aprobó un decreto de ampliación de la amnistía que permite la puesta en libertad de otros 74 presos vascos hasta mayo, junto a la salida de otros presos hasta llegar a 1.940 personas.

Cumbre de Txiberta Las primeras elecciones democráticas desde la Segunda República ya estaban convocadas para el 15 de junio. El 30 de abril se realizó por iniciativa de Telesforo Monzón una reunión en el club Chiberta de Anglet a la que acudieron representantes de todas las organizaciones del nacionalismo vasco: PNV, ANV, EKA, ESB, ESEI, EHAS, LAIA (bai), EIA, ETA-m, ETA-pm y un grupo de alcaldes.

Aunque teóricamente el objetivo que Telesforo Monzón se había propuesto para esta reunión era la creación de un frente nacionalista, ETA-militar impuso que se tratara exclusivamente de la amnistía, condición sin la cual consideraba ilegítimas las elecciones de junio de 1977.

Una delegación de los grupos reunidos en Txiberta se reunió el 10 de mayo con Adolfo Suárez para exponerle la exigencia de amnistía y libertades democráticas. El presidente les respondió que no podía excarcelar a todos los presos para el día 24, en que comenzaba la campaña electoral, ya que estaba presionado por el Ejército. ETA-militar intentó aprovechar las reuniones de Txiberta para imponer su liderazgo al resto del nacionalismo, pero el PNV se negó. Por otra parte, gracias a las negociaciones que paralelamente estaba llevando el Gobierno con ETA-pm y EIA, se consiguió el extrañamiento, es decir, la liberación en el extranjero de los más importantes presos de ETA, entre los que se encontraba Mario Onaindia.

Es preciso volver a destacar que el balance de estas jornadas fue la de siete muertes. La actuación de las fuerzas de orden público en Euzkadi fue condenada enérgicamente, unánime y colectivamente por partidos políticos, centrales sindicales, asociaciones de profesionales, ante la opinión pública en general y en el Ayuntamiento de Iruñea en particular.

La última amnistía Tras el verano de 1977, el Gobierno de España y la oposición negociaban un proyecto común de ley de amnistía. En este caso se decidió que se debía contar con el apoyo unánime del Parlamento. Finalmente, el 7 de octubre el Consejo de Ministros aprobó un proyecto que suscita las reticencias de Alianza Popular (AP). Al día siguiente ETA-m asesinaba al presidente de la Diputación de Bizkaia Augusto Unzueta y sus escoltas. Horas antes de que se reuniera el pleno del Congreso de los Diputados, el 14 de octubre la Policía mataba en un control a un joven vecino de Barakaldo.

Alianza Popular sostuvo que la amnistía de 1977 no era "buena medicina". "Operar con el concepto de amnistía, que borra el delito, para hechos atroces de muerte a sangre fría, implacables, proyecta dudas sobre la legitimidad de tales hechos, lo que puede resultar socialmente intolerable y gravemente pernicioso". Estos fueron los términos que empleó el 14 de octubre de 1977 Antonio Carro, diputado de Alianza Popular y exministro franquista, para oponerse a la Ley de Amnistía que se votaba ese día. Alianza Popular, a diferencia de la UCD, no apoyó la ley. Esa norma no fue una fórmula de los herederos del franquismo para protegerse a sí mismos. No era para ellos, sino que tenía el objetivo contrario: liberar a todos aquellos opositores a la dictadura que aún quedaban en las cárceles.

Lo que sigue es un extracto de dos de las principales intervenciones de ese día en un preconstitucional Congreso de los Diputados:

-Antonio Carro (Alianza Popular): "Me temo que la amnistía que nos proponéis, en lugar de contribuir a la reconciliación nacional, que en mi idea es algo que estamos palpando afortunadamente, se traduzca en un fermento de inseguridad social, en la institucionalización del desconocimiento del Estado de derecho y en una profunda erosión de la autoridad. (...) En este clima de público desorden, ¿queréis más amnistía? (...) Frente a los ataques a la democracia no es buena medicina la amnistía. La única medicina que aplican las democracias más genuinas y consolidadas es una estricta aplicación de la ley. (...) Una democracia responsable no puede estar amnistiando continuamente a sus propios destructores".

-Xabier Arzalluz: "Olvidemos, pues, todo. Sin embargo, tal vez, aunque los que estemos aquí estemos dispuestos al olvido, hay sectores de nuestra sociedad, que no están aquí representados, que no están dispuestos al olvido (...) La ley que nosotros estamos haciendo aquí hemos de procurar que efectivamente vaya bajando a la sociedad, que esta concepción del olvido se vaya generalizando, vaya tomando cuerpo y corazón, porque es la única manera de que podíamos darnos la mano sin rencor, oírnos con respeto".

La ley fue aprobada por 296 a favor, dos en contra, 18 abstenciones y uno nulo. La votación fue seguida por una larga ovación con los diputados en pie. Alianza Popular se abstuvo en bloque y los dos votos negativos procedieron de sus filas.

Tras esta ley, las cárceles se vaciaron. ETA las llenó.