Easo, grupo familiar fundado en 1979, aglutina siete marcas: Hyundai, Mazda, Jaguar, Land Rover, Citroën, Opel y Ford. En Bizkaia representa a estas tres últimas con los concesionarios Urkiola Motor, Goñi y CarBizkaia.
Tras el impacto de la pandemia y sus efectos sociales, se habla ya de vuelta a la normalidad,¿la ve cerca?
—El inicio de actividades va a ser paulatino, existe miedo y la gente se va a retraer. Creo que a partir
de junio podremos trabajar. Durante todo 2020 lo vamos a tener muy difícil y hasta principios de 2021 no se va a normalizar relativamente la situación. Según se vaya ampliando la libertad de movimientos de la población iremos viendo cómo se traduce en asistencia a nuestras instalaciones y, en función de eso, iremos reincorporando personal.
¿La crisis dejará secuelas y marcará un antes y un después en el sector?
—Económicamente, está siendo un palo muy fuerte. Va a provocar un cambio radical, no solo en la relación comercial con nuestros clientes, también con las marcas. Nos va a obligar a repensar muchas cosas, procesos, estándares, etc. Deberíamos considerar si las nuevas normas que afectan al cambio climático han de ser de aplicación inmediata, porque exigen a los fabricantes inversiones muy importantes y dudo de la rentabilidad que estén teniendo en este momento. También habría que analizar con más detalle las exigencias de implantación del coche eléctrico.
¿Acabará Internet con la compra presencial del coche?
—A los distribuidores nos va a hacer cambiar la forma de comunicarnos con el cliente. Es muy
probable que su presencia física se reduzca y haya más comunicación on line, tanto para los servicios de posventa como para la compra. Tenemos que estar preparados para ese escenario. El cambio radical va a estar en los hábitos de consumo de la gente.
¿Amenazan al negocio tradicional nuevas fórmulas como el arrendamiento o el uso compartidodel coche?
—Eso irá en función de las necesidades de cada uno y de las ofertas que haya. Nosotros estamos
ofreciendo más alternativas y, en función de sus necesidades, la gente optará por unas u otras. Sí que va a mirar más la peseta, sobre todo ahora que hay miles de personas en ERTE y cae el empleo; esa gente quizá no pueda comprar un coche nuevo, pero sí pagar por su uso. Va a afectar al modelo de negocio, no tiene por qué ser negativamente; es otro negocio distinto, una nueva oportunidad.
¿Esta crisis va a comportar un alto coste?
—Radical. Cada coche que vendemos tributa un 25-30% de media. Si el precio medio es de 20.000
euros, estamos pagando 6.000 en impuestos por cada coche del millón doscientos mil que se vendieron el año pasado. Son muchos ingresos para la hacienda central y para las forales, que recaudan el Impuesto de Matriculación. Ahora se van a ver reducidos en gran medida, con lo cual la
administración dejará de recibirlos, pero va a tener los mismos gastos o más derivados de la
situación (sanitarios, de apoyo a los más desfavorecidos, etc.). Hay que cuadrar los números, lo
que probablemente nos va a llevar a una reducción importante de las inversiones estructurales
(carreteras, por ejemplo). Y va a afectar a la calidad de nuestras vidas. Vamos a tener que pensar a la hora de exigir mucho de lo que hasta ahora creíamos que venía gratis por parte de las
administraciones.
¿Será complicado entonces que el automóvil reciba ayudas para su revitalización?
—No hay que perder de vista que España es el segundo productor de coches de Europa. Aquí
tenemos dos fábricas muy importantes. Es un sector que genera riqueza, un 10% del PIB y un 9% del empleo, y actividad para la industria auxiliar, los concesionarios, etc. Además de lo que se genera a través de los impuestos. Con lo cual es un sector que la administración debe cuidar.
Por motivos económicos y medioambientales.
—Es un poco absurdo que estemos exigiendo que los coches nuevos no tengan emisiones de escape
cuando el parque automovilístico actual tiene una antigüedad de más de doce años y es realmente el que está emitiendo gases. La administración debería favorecer el cambio de esos coches para reducir la contaminación. Desde el punto de vista económico les interesa también que se vendan coches porque así recaudan. Las ayudas para incentivar la demanda deberían de ser consultadas con las concesiones, que sabemos lo que el cliente quiere. De ese modo las decisiones serían efectivas, no como ahora con el plan que el Gobierno Vasco puso en marcha en enero, que no está teniendo ningún efecto porque ha reducido a la mitad la ayuda y no se ha comunicado bien
