La Ertzaintza ha detenido a un empresario de Logroño de 38 años, con antecedentes penales, como presunto autor de un delito de trata de seres humanos con fines de explotación laboral. La investigación comenzó tras una denuncia que destapó las condiciones en la que eran explotados varios ciudadanos extranjeros que se unieron a la empresa con falsas promesas de regularizar su situación y sueldos de hasta 4.000 euros mensuales por instalar fibra óptica en domicilios y empresas.
Según informa el departamento de Seguridad, la persona denunciante acudió desesperada a pedir ayuda ya que, pese a trabajar más de diez horas diarias, incluidos fines de semana, no disponía de recursos suficientes, ni para comer. Según han confirmado las pesquisas policiales, las víctimas, en situación administrativa irregular, no eran dadas de alta en la Seguridad Social y se les entregaban carnets falsificados a nombre de personas que sí figuraban como afiliadas.
El departamento de Seguridad añade que al empresario esto le permitía emplear simultáneamente a varias personas con una única alta legal. Supuestamente, el empresario se quedaba con el 75% del importe generado por cada instalación. Del 25% restante, descontaba a los trabajadores gastos por gasolina, alojamiento, supuestas deudas y un 8% adicional por trabajar sin papeles, dejándolos en una situación económica de extrema vulnerabilidad.
Juzgado de Durango
A la primera denuncia se han sumado ya otras cuatro y se prevé que el número de víctimas aumente tras la detención del investigado, llevada a cabo el 8 de mayo en la localidad de Idiazabal (Gipuzkoa).
Tras la primera detención, el Juzgado de Instrucción número 3 de Durango autorizó entradas y registros en Miranda de Ebro y Logroño donde se detuvo también a una mujer de 32 años presuntamente implicada en los hechos.
El principal investigado ha sido puesto a disposición judicial. Además del delito de trata de seres humanos con fines de explotación laboral, se le imputan delitos contra los derechos de los trabajadores, tráfico ilegal de personas, falsificación documental y otros delitos. La investigación continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones ni la localización de más víctimas.
