Un niño de nueve años, que el pasado 9 de enero denunció ante la Ertzaintza haber sido víctima de agresiones sexuales por parte de un familiar en un piso de Donostia, permanece a la espera de ser explorado por un forense 25 días después de haber presentado la denuncia, asistido por su madre.

La denuncia policial, a la que ha tenido acceso EFE, detalla que los hechos se habrían repetido en distintas ocasiones a lo largo de los dos últimos años, en los que el investigado habría aprovechado los momentos en los que se quedaba al cuidado del menor, mientras su madre se iba a trabajar, para supuestamente agredirlo sexualmente.

El último de estos episodios habría tenido lugar la pasada Nochebuena aunque el niño no relató los hechos a su progenitora hasta el 8 de enero, porque el supuesto agresor le habría amenazado con romperle la videoconsola si revelaba lo sucedido.

El investigado, de nacionalidad extranjera, se encuentra en libertad provisional por estos hechos, a pesar de que la acusación particular pidió su ingreso en prisión aunque, como medida cautelar para evitar su huida, la jueza que instruye el caso le ha retirado el pasaporte y le ha prohibido abandonar el país, además de obligarle a comparecer en los juzgados una vez cada quince días, según recoge un auto fechado el 10 de enero al que ha tenido acceso EFE.

Aquel mismo día, la instructora incoó también unas diligencias previas para investigar el asunto en un nuevo auto en el que, entre otras pruebas, ordenó tomar declaración tanto al acusado como a la víctima, además de solicitar al equipo psicosocial de los juzgados "un informe de credibilidad y afectación psicológica" del menor, aunque sin llegar a practicar una "prueba de exploración forense" sobre el niño como había demandado su abogada.

Desde entonces, la representación del menor ha reclamado en al menos cuatro ocasiones más, en otros tantos documentos a los que ha tenido acceso EFE, la práctica de esta prueba forense que hasta el momento no se ha llevado a cabo, ya que no ha sido autorizada por el juzgado hasta el pasado lunes, 30 de enero.

Aquel día el juzgado de instrucción ordenó en un auto que se libre oficio a la Clínica Médico Forense para que facilite fecha y hora para el reconocimiento médico del menor, si bien este documento no fija aún el momento concreto en el que deberá practicarse el examen médico.

Para entonces, la representación del menor había presentado varios escritos en los que reclamaba la práctica del reconocimiento, en uno de los cuales alertaba sobre lo "alarmante y grave" que resultaba que la comparecencia en la que la instructora decretó las medidas cautelares contra el investigado concluyera "sin practicar la prueba de exploración forense y pruebas médicas completas" que se solicitaron "desde el mismo momento de interposición de la denuncia" policial.

En este documento, también recuerda que la práctica de esta diligencia "supondría por sí misma un elemento de corroboración" de los hechos que resultaría "objetivable" y advierte de que "se está dejando que transcurra tiempo, lo que conlleva la posible curación de fisuras o cualquier vestigio del hecho".

En otro de los escritos, la acusación particular insiste en la necesidad "imperiosa" de la evaluación forense de las "pruebas médicas" al menor "con reconocimiento de sus partes íntimas", ya que se tata de una diligencia que "debe practicarse desde el primer momento y máxime con los protocolos de actuación para supuestos de agresiones sexuales a menores de edad".