CCOO no quiere reformar el euskera en las OPE y sugiere actualizar el índice general con más frecuencia

Desde que el PSE dio un portazo a la propuesta del PNV para blindar el euskera como requisito de acceso al empleo público, las horas pasan sin novedades entre ambos socios y el plazo de enmiendas se acerca a su final, el jueves de la semana que viene a mediodía. Mientras tanto, quien sí se ha pronunciado es el sindicato CCOO, cuyas opiniones suele escuchar con atención el PSE. Los socialistas se han empeñado en contraponer los derechos lingüísticos y los derechos laborales en esta negociación, y ya mostraron su respaldo a este sindicato con un plante a la última edición de Korrika. Y este sindicato sigue sin dar nada de aire a una posible reforma de la Ley de Empleo Público. Su secretario general, Santi Martínez, ha negado este jueves en un desayuno informativo del Fórum Europa que sea necesaria una reforma o que exista inseguridad jurídica, y cree que el problema radica en que algunas administraciones se han tomado el índice general de obligado cumplimiento como un porcentaje mínimo de plazas en euskera y lo superan cometiendo "ilegalidades". "La mejor manera de no abandonar un consenso lingüístico es mantenerlo", dijo, para rechazar un cambio. Si acaso, planteó que el índice general pueda ser más fiel a la realidad social con una actualización más frecuente de sus datos de referencia, que "ahora nos da el Eustat cada cinco años" y habría que manejar otros "marcos temporales" con menos años. O plantear "horquillas en positivo" para fomentar la lengua.

El PNV plantea que cada administración tenga autonomía para fijar su propio índice ajustado a su realidad social y con proporcionalidad. EH Bildu da la vuelta al sistema vigente como un calcetín y propone que la exigencia de euskera sea generalizada y que, a partir de ahí, se fijen unos índices donde se pueda aplazar esa exigencia, siempre sujeto a una evaluación quinquenal para comprobar que ese municipio avanza con planes de fomento del aprendizaje y liberaciones. "No compartimos ninguna de las dos propuestas, ni vemos necesario modificar el actual mecanismo ni que haya problemas de seguridad jurídica", descartó CCOO. Santi Martínez pidió "respeto" para el índice de obligado cumplimiento, con el argumento de que "ancla los requisitos de euskera con la realidad sociolingüística del país". Incluso recordó unas declaraciones del jeltzale Josu Erkoreka cuando dirigía el IVAP. Ese es el "carril central", y lo que corresponde, según CCOO, es fomentar la lengua vasca con su aprendizaje gratuito hasta el perfil C1, o con liberaciones también en la empresa privada, pero no "pisar el acelerador" por vía legislativa para "expulsar a la gente de sus puestos de trabajo".

Martínez defendió que el índice general "es progresivo", de tal forma que, si la realidad sociolingüística de Barakaldo cambia del 18% al 45%, el índice tendrá que ser del "45%", pero el secretario del sindicato cree que se intenta forzar y acelerar por vía legislativa. "¿Qué podemos hacer para llegar a un consenso?", se preguntó. Descartó modificar el índice, pero planteó modificar quizás "su metodología" y no esperar a la fotografía del Eustat que llega "cada cinco años". El PSE había sugerido públicamente algún tipo de baremo general desde el Gobierno Vasco porque cree que dar autonomía a las instituciones abre el camino a la discrecionalidad. Los socialistas respaldaron a CCOO en la polémica por su salida de Korrika tras las informaciones que lo situaban detrás de maniobras judiciales contra los perfiles.