El martes se cumplirán 50 años desde la masacre que perpetró la Policía Armada española en una asamblea de trabajadores en Gasteiz. Franco ya había muerto por aquel entonces, y el Gobierno español que operaba en esos momentos no había sido elegido en las urnas, una circunstancia que ha impedido hasta la fecha que el Estado reconozca de manera más directa su responsabilidad en los hechos. Se trataba del gabinete de Arias Navarro, del que formaban parte figuras que, pese al intento de poner tierra de por medio por parte de algunos ámbitos de opinión, después han pasado a la historia y han sido muy ponderadas como Adolfo Suárez. Pasaría a convertirse en el primer presidente proclamado tras unas elecciones. Aquel fatídico 3 de marzo de 1976, la Policía Armada española la emprendió a tiros contra los trabajadores que estaban celebrando una asamblea en la iglesia de San Francisco de Asís en esa jornada de huelga general. Murieron cinco de ellos, Pedro Martínez, Francisco Aznar, Romualdo Barroso, José Castillo y Bienvenido Pereda. Y el martes que viene, precisamente cuando se cumplen 50 años de la matanza, el PNV defenderá en el pleno del Senado una moción en la que insta al Gobierno español a “condenar la masacre” y a “reconocer la responsabilidad directa del Estado en los citados crímenes”. Y pide que salga a la luz la verdad.
En ese sentido, en un segundo punto, el grupo que dirige Estefanía Beltrán de Heredia solicita la derogación de la Ley de Secretos Oficiales franquista y desclasificar toda la documentación disponible sobre los hechos “a fin de conocer la verdad como deber de memoria democrática, dignificación y resarcimiento a las víctimas”. El PNV ha recriminado estos días al presidente Sánchez que haya aplicado un doble rasero con los documentos y solo se haya decidido a sacar a la luz los referidos al intento de golpe de Estado del 23-F.
El Gobierno de Sánchez ha realizado algunos movimientos en las últimas semanas que los colectivos memorialistas agradecen, aunque no han colmado del todo las aspiraciones. Además de declarar la iglesia como lugar de memoria, el ministro Ángel Víctor Torres ha enviado varias cartas en las que reconoce la “violencia injusta” que padecieron los afectados. El PNV reconoce estos pasos pero, por ahora, no se ha producido una declaración oficial y pública reconociendo la responsabilidad directa del Estado, ni se conoce toda la verdad.
De esta forma, el PNV eleva la presión y traslada a Madrid un debate que ya se estaba sustanciando en Euskadi. El PP tiene el control total del Senado con su mayoría absoluta, lo que sentencia de antemano el resultado de la votación, pero el interés de este debate radica en escuchar la intervención de los socialistas, que son quienes lideran en este momento el Gobierno español y, en términos generales, se oponen a asumir ninguna responsabilidad por los actos del Estado durante el periodo franquista o antes de las elecciones democráticas. El PNV ha apelado en otras ocasiones a ejemplos como el alemán, pero no ha tenido éxito, como ocurrió con el bombardeo de Gernika.
En el Parlamento Vasco
El debate lleva días circulando en Euskadi. La asociación de víctimas del 3 de marzo y el colectivo Sanfermines 78 Gogoan impulsaron una iniciativa para que el Estado reconozca su “responsabilidad principal y directa” en ambas tragedias, y para que el presidente Sánchez realice una declaración oficial “al más alto nivel”. EH Bildu y Sumar han recogido ese testigo para mostrar su apoyo en el Parlamento Vasco. De hecho, este jueves se va a materializar esa votación en el pleno ordinario y quedará patente el desmarque socialista. El PNV sí ha registrado una enmienda que coincide en que el Gobierno español debe reconocer su “responsabilidad principal y directa” y realizar una declaración oficial al más alto nivel, pero sus socios del PSE se limitan a la “condena” de los hechos y solicitan la reforma de los secretos oficiales.
La nebulosa de responsabilidades
Los sucesos del 3 de marzo no han obtenido ninguna sentencia que señale a sus responsables políticos. Las responsabilidades siguen envueltas en una especie de nebulosa. Para más señas, el ministro de Gobernación, Manuel Fraga, se encontraba en aquellos momentos de viaje en Alemania. Lo estaba sustituyendo en funciones Adolfo Suárez, así que las asociaciones que exigen responsabilidades por la tragedia lo señalan como uno de los culpables y le atribuyen un papel en la gestión de esa crisis. Por otro lado, la jueza Servini trató de procesar a Rodolfo Martín Villa como ministro encargado de las relaciones sindicales. Desclasificar los papeles para conocer qué clase de órdenes se transmitieron en aquel momento y quién las emitió resulta clave para arrojar luz.
El PNV justifica su moción en que “han pasado cincuenta años y es cierto que se han dado pasos en el reconocimiento a las víctimas y con la creación del Memorial en la iglesia de San Francisco de Asís, declarado por el Gobierno de España este mismo mes de febrero como lugar de Memoria Democrática”, pero “no ha habido un reconocimiento explícito de la responsabilidad del Estado en los hechos, y falta conocer toda la verdad sobre lo sucedido; una información que se mantiene oculta bajo la llave de la Ley de Secretos Oficiales”. “Y sin verdad no hay justicia ni tampoco reparación. Esta misma semana, el presidente del Gobierno ha anunciado la desclasificación de los documentos relacionados con el fallido golpe de Estado de 23 de febrero de 1981. Misma ley, distinta aplicación”, ponen en evidencia.
