Euskadi pide reconocer el esfuerzo de los migrantes que se apunten a euskera en un año

El Gobierno español afronta un proceso de regularización extraordinaria de migrantes que podría afectar a medio millón de personas o, según otros cálculos más elevados, a 840.000. Como su propio nombre indica, al ser una regularización extraordinaria, no se va a exigir ningún requisito adicional a estas personas para legalizar su situación, más allá de acreditar cinco meses de residencia en el Estado (antes del 31 de diciembre del año pasado) y que carecen de antecedentes penales. El decreto, que se encuentra todavía en periodo de audiencia y acaba de recibir varias alegaciones de las instituciones concernidas, prevé por tanto un mecanismo muy flexible, pero solo durante 2026. La gran pregunta es qué ocurrirá a partir de 2027, cuando esas personas tengan que renovar su autorización de un año. Ahí entran los ya conocidos informes de arraigo, y es ahí donde han corrido como la pólvora algunas filtraciones inexactas sobre lo que se pide desde otros gobiernos, hasta el punto de que el ministro Bolaños ha desmentido que Euskadi o Catalunya le hayan exigido que el conocimiento de sus lenguas oficiales sea obligatorio para seguir en el Estado español. Grupo Noticias ha tenido acceso a la alegación del Gobierno Vasco, que pide reconocer el esfuerzo de los migrantes que inicien su aprendizaje de euskera en ese primer año, “sin configurarlo como un requisito excluyente”. Las fuentes del departamento de Bienestar que dirige Nerea Melgosa explican que Euskadi ya reconoce este esfuerzo en los informes de integración social que redacta sobre cada persona, de manera que esta alegación no supone un cambio de situación. Solo piden que el Estado reconozca de manera oficial lo que ya hace de facto el Gobierno Vasco. En esos informes de integración, se recogen multitud de variables, y el Gobierno Vasco no deja fuera el euskera como factor de cohesión, sino que lo recoge como un factor que puede influir positivamente.

Pero, ¿qué dice su alegación a Madrid y cuál es el procedimiento? El departamento de Melgosa ha presentado varias alegaciones, y una de ellas es una alegación “complementaria” en materia lingüística al decreto de regularización, para añadir un nuevo apartado 14 a la disposición transitoria sexta: “En el procedimiento de primera renovación de la autorización de residencia por circunstancias excepcionales única, se valorará positivamente la acreditación del inicio del aprendizaje de la lengua o lenguas oficiales del territorio en el que la persona extranjera tenga su residencia habitual. A tal efecto, las personas titulares de esta autorización dispondrán de un plazo máximo de un año desde su concesión para acreditar su participación en actividades formativas dirigidas al aprendizaje lingüístico. Las administraciones públicas competentes garantizarán una oferta suficiente, accesible y adecuada de formación lingüística para las personas beneficiarias de esta autorización”.

La alegación añade una justificación. En ella dice que el decreto tiene como finalidad “reforzar los procesos de integración social y laboral”, y “el conocimiento de las lenguas oficiales del entorno de residencia constituye un elemento esencial para la participación plena en la vida social, educativa y laboral, así como para el acceso efectivo a los servicios públicos y a los itinerarios de inserción”. “La incorporación de una previsión específica que fomente el aprendizaje lingüístico en el marco de la primera renovación, sin configurarlo como un requisito excluyente, permite reforzar los objetivos de cohesión social y convivencia, respetando al mismo tiempo los principios de proporcionalidad y no discriminación”, dice, para añadir que esta propuesta es coherente con las políticas que ya existen en la comunidad autónoma. 

“La propuesta no introduce nuevas cargas administrativas relevantes, al vincularse a programas formativos ya existentes y al configurarse como un elemento de valoración positiva, contribuyendo a una integración más sólida y sostenible en el medio y largo plazo”, zanja. 

Tal y como está formulada la alegación, ni obliga al aprendizaje ni discrimina, ni tampoco entra a proponer si el euskera puede ser una vía alternativa para acreditar el arraigo para aquellos que no tengan un contrato de trabajo. No se entra en esa cuestión, que sí sugirió públicamente ERC para el caso catalán e incluso aseguró que el Gobierno español iba a aceptarlo.

Así funciona el proceso

En este proceso confluyen varias instituciones, cada una con sus competencias. El departamento vasco de Bienestar se encarga de emitir los informes de integración social, y esos informes recogen multitud de criterios, como el empadronamiento o el trabajo. En la actualidad, esos informes ya reconocen el esfuerzo de los migrantes que se han matriculado en un euskaltegi. Pero no se exige como requisito: lo que se hace es reconocer ese esfuerzo. El Gobierno Vasco solo tiene competencia para emitir ese informe, y no para arrojar ningún veredicto. Con ese informe, la persona concernida tiene que acudir a la oficina de extranjería del Gobierno español, que es la encargada de resolver. Las instituciones vascas, eso sí, reivindican años de trabajo también para formar a muchos jóvenes migrantes a pesar de su situación irregular. Varias de sus alegaciones pretenden garantizar la formación y la inserción laboral.

Pradales esgrime el trabajo y el euskera en un proceso ordenado

Precisamente este viernes, el lehendakari Pradales pidió que este proceso sea ordenado y garantice la cohesión y el arraigo. La cuestión la sacó a relucir Vox en el pleno de control del Parlamento, que rizó el rizo con la teoría del “reemplazo” de los vascos que cumplen la ley por los extranjeros que cometen “delitos”, y vio un intento de alterar el censo electoral. Pradales le reprochó su discurso “deshumanizador y carente de la más mínima empatía” con unas personas que vienen buscando un futuro mejor, y muchas veces se encuentran con un limbo administrativo que las aboca a la economía sumergida. 

Pradales apostó por gestionar este fenómeno, y recordó que ha pedido al Gobierno español que reconozca el estatus de Euskadi como frontera norte, que le otorgue nuevas capacidades políticas, y que redacte también un plan estructural que vaya más allá de las soluciones coyunturales. En el caso vasco, han planteado el trabajo “como factor fundamental para la integración de las personas” y han propuesto “la acreditación de la participación en el aprendizaje lingüístico para el arraigo, la integración y la cohesión social”. El lunes, Melgosa mantuvo una reunión en Madrid con la ministra Elma Saiz y le pidió que la regularización se lleve a cabo atendiendo a la realidad vasca, con orden, planificación y seguridad jurídica. Pidió una “migración ordenada, segura y regular”, que son los mismos principios que avaló el Parlamento Vasco.