El Juzgado de Instrucción número 23 de Madrid ha citado este martes a declarar como imputados a tres exaltos cargos del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, en una de las causas en las que se investiga si cometieron un delito de denegación discriminatoria de la asistencia a usuarios de las residencias durante la primera ola de la pandemia.
En concreto, los altos cargos imputados son Carlos Mur, firmante del protocolo de no derivación de residencias a hospitales y director general de Coordinación Sociosanitaria del Gobierno madrileño en marzo de 2020; Francisco Javier Martínez Peromingo, considerado el ideólogo del protocolo y sucesor de Mur como responsable de Coordinación Sociosanitaria, y Pablo Busca Ostalaza, máximo responsable en el momento de la pandemia del Servicio de Urgencia Médica (Summa 112), que se encargaba de gestionar las ambulancias públicas.
Protocolos de la "vergüenza"
El origen de estos procedimientos está en actuaciones judiciales puestas en marcha por familiares de residentes que fallecieron durante la primera ola de la pandemia. Los tres exaltos cargos están citados este martes a declarar a las 10:00 horas, en este Juzgado en el que se investiga la querella interpuesta por la familiar de una persona que vivía en la residencia Amavir Valdebernardo.
También deberán prestar declaración el miércoles, pero esta vez ante el Juzgado de Instrucción número 2 de Collado Villalba, a partir de las 10:00 horas, en este caso, por la querella presentada por el familiar de una persona que vivía en la residencia Sanitas Torrelodones. En los procedimientos judiciales también se encuentran imputados los geriatras de enlace de los hospitales Gregorio Marañón y Puerta de Hierro, respectivamente.
