¿Un nuevo estatuto debe incluir el derecho a decidir?

—No hay sociedad democrática sin respeto a la legalidad, pero tampoco si esa legalidad impide su eventual reforma de acuerdo con un principio democrático de modificación de la realidad vigente abierto a incorporar nuevas demandas y obligaciones de acuerdo con los cambios de valores que se van produciendo en una sociedad en continua transformación. El equilibrio entre el principio de legalidad y legitimidad democrática implica negociar y pactar el proceso que se deberá seguir para el ejercicio de ese derecho a decidir. El gran reto es intentar conseguir entre nosotros, los vascos, un consenso sólido en torno a un proyecto de autogobierno.

Algunos partidos pretenden aplicar un veto y sacar del debate el derecho a decidir

—El derecho a decidir de los vascos y las vascas ha de entenderse como un punto de encuentro, como un derecho a pactar porque el acuerdo es el modo como se organizan las sociedades avanzadas. La prudencia y la inteligencia política invitan a diseñar una estrategia política que complique los objetivos de los inmovilistas, interesados en mantener inalterado el status quo actual, cuanto no en orientarlo hacia una involución competencial en beneficio del Estado.

¿Lo ve viable?

—Hasta el momento el debate se ha centrado por un lado en la definición o calificación del derecho a decidir. Si se impusiera el pragmatismo como mecanismo para la búsqueda de acuerdos básicos cabría tratar de huir de definiciones maximalistas acerca del derecho a decidir para pasar a su concreción específica. Mezclar ambos debates cuando solo uno de ellos depende competencialmente de nosotros supondrá un retraso sin plazo de la actualización del autogobierno y un futuro incierto en el análisis de legalidad del futuro texto estatutario.

No se puede reducir el derecho de decidir a una cuestión exclusivamente plebiscitaria sobre la independencia, la secesión o sobre si se quiere crear un Estado propio. Ese planteamiento reduccionista desvirtúa el significado democrático del derecho a decidir y excluye de dicho ámbito de decisión acontecimientos históricos de nuestro pueblo, que ya ejerció su derecho a decidir cuando en 1979 aprobó en referéndum por una mayoría muy importante el Estatuto. Es decir, el Estatuto es el resultado del derecho a decidir ejercido por los vascos de Bizkaia, Gipuzkoa y Araba.