La Audiencia Nacional ha acordado que sea un juzgado de instrucción de Madrid el que investigue la supuesta filtración de la respuesta de Suiza a la comisión rogatoria que cursó el juez del caso Tsunami para la localización de la dirigente de ERC Marta Rovira, y que llegó a algunos medios antes que al juzgado.
La Sala de lo Penal ha adoptado esta decisión en un auto en el que estima el recurso de apelación del fiscal de la Audiencia Nacional Miguel Ángel Carballo contra la decisión del juez Manuel García-Castellón de abrir una pieza secreta dentro del caso Tsunami para investigar estos hechos, que serían constitutivos de un presunto delito de revelación de secretos.
Al igual que el fiscal, la Sala considera que el juzgado de García-Castellón no es el competente para investigar esas presuntas filtraciones y por ello decide "expedir testimonio con el mismo contenido de dicha pieza separada" y remitirlo al Juzgado Decano de Madrid, "para que sea uno de los juzgados de instrucción de Madrid el que conozca de estos hechos", según consta en la parte dispositiva del auto al que ha tenido acceso EFE.
El magistrado acordó el pasado 21 de febrero abrir esta pieza separada y encargó a la Guardia Civil investigar la posible comisión de ese delito por parte de "las autoridades o funcionarios que hayan podido tener conocimiento de la respuesta por las autoridades suizas".
Además, ordenó a los investigadores "eludir cualquier información sobre el curso de la investigación a sus superiores", y les instaba a que le reportasen los avances "directamente" a él.
Este proceder fue debido a que la respuesta de Suiza a la comisión rogatoria fue publicada por varios medios de comunicación antes de que llegase al juzgado horas después.
Ampliar la información
En su respuesta, las autoridades suizas pedían al juez que ampliase la información sobre los indicios por terrorismo contra la secretaria general de ERC, Marta Rovira, para determinar si su petición de localizarla tiene carácter "político", lo que le impediría colaborar con la justicia española.
También preguntaron sobre las consecuencias que pudiera tener la futura ley de amnistía sobre los procedimientos abiertos contra miembros de Tsunami y contra Rovira, cuya pertenencia a la entidad que organizó las protestas contra la sentencia del procés, añadían, "no está clara".
Ese documento, fechado en Berna el 22 de diciembre, entró en el Registro General del Ministerio de Justicia el 29 de diciembre, según el sello con el que fue remitido al juzgado.
Tras recibir esta respuesta, García-Castellón contestó a las autoridades suizas que los tratados internacionales suscritos entre ambos países impiden rechazar el auxilio judicial solicitado por motivos políticos en una causa de terrorismo, y consideró "inadmisible" que le pidieran explicaciones sobre una "hipotética" ley (la de amnistía) que no está aprobada.
