Los dos años sin acordar transferencias del calendario del propio Consejo de Ministros y las leyes recentralizadoras del Estado llevaron ayer jueves a la consejera de Autogobierno, Olatz Garamendi, a plantear abiertamente que no ve “voluntad” en la otra parte, en el Estado, a la hora de cumplir el Estatuto. Además, cree que la comunicación debería ser más frecuente. Y avisa de que no aceptará “regateos” en el contenido y alcance de los traspasos.

En una entrevista concedida ayer jueves a Radio Euskadi, Garamendi atribuyó el retraso en las transferencias a una ausencia de voluntad. “Me da pena que sea así, pero creo que es una falta de voluntad”, dijo, para recordar que el calendario no se ha cumplido, hasta tal punto que “es un acta de incumplimiento”. “Hay una serie de materias que no se han avenido a negociar”, denunció, para añadir que “cuesta arrancar la documentación” al Estado en las materias que están abordando. “Lo que en ningún caso vamos a hacer es rebajar los niveles de lo que podemos exigir de un traspaso. No vamos a regatear en autogobierno”, avisó, en referencia a que no aceptarán un traspaso devaluado porque una competencia se gestiona para “atender mejor a la ciudadanía” y no para hacerlo a la baja o con contenidos que no se corresponden con el Estatuto de Gernika, que es ley. Además, lamentó que “hay mucha menos comunicación de la que debiera”. El último traspaso del calendario se remonta a mayo de 2021, y desde entonces solo se ha acordado el IMV, que no formaba parte de ese cronograma porque es una materia de nueva creación.

Sobre la Ley de Vivienda estatal, recordó que la norma no ha sido aprobada aún por las Cortes generales, de manera que, para ser rigurosos, habrá que esperar en primer lugar a que culmine esa tramitación antes de pronunciarse sobre un eventual recurso, que en cualquier caso se decidirá tras un análisis jurídico sobre las invasiones competenciales. “Veremos si hay invasión competencial y si hay que adoptar medidas”, dijo. Lo que sí quiso poner en valor es que Euskadi lleva décadas actuando en el campo de la vivienda, y que no necesita tutelas.