El caso de Mikel Zabalza tiene una importancia especial para el Gobierno vasco. ¿Cómo valora el ascenso del teniente general Arturo Espejo, implicado en los hechos?
Mikel Zabalza, como todas las víctimas, tiene derecho a la verdad, justicia, reparación y el principio de no repetición. Tiene reconocimiento social y también institucional por parte del Gobierno vasco. Fue declarado víctima de una grave vulneración de derechos tras la elaboración de un dictamen pormenorizado, hay una verdad sustentada sobre esa resolución. Pero no tiene la verdad judicial, quienes violaron sus derechos gozan de impunidad y sus familiares han sido revictimizados.
La tardanza en conocer el informe de la UPV/EHU de 2020 sobre la emboscada policial en la Bahía de Pasaia, que concluye que fue una “ejecución extrajudicial”, ha generado malestar en las familias de las víctimas. ¿Qué falló?
El Gobierno encargó a la Cátedra de Derechos Humanos y Poderes Públicos de la UPV/EHU un informe sobre el caso de la Bahía de Pasaia. La Cátedra lo entregó en marzo de 2020, en el momento álgido de la pandemia, y en julio de 2020 hubo elecciones. Paralelamente, empieza a trabajar la Comisión de Valoración al amparo de la Ley 12/2016, de Reconocimiento y Reparación a las Víctimas de Vulneración de Derechos en un Contexto de Violencia de Motivación Política. Había una solicitud para que en su seno se abordara el tema de la Bahía de Pasaia y se optó por entregar el informe a la familia y a la Comisión en ese marco.
Es decir, optaron por integrar el trabajo de la UPV/EHU en la labor que empezó a realizar la Comisión de Valoración.
“Mikel Zabalza no tiene la verdad judicial, quienes violaron sus derechos gozan de impunidad ”
En este momento se está instruyendo ese expediente, y dado el tiempo transcurrido, la decisión de no ponerlo en manos de la familia no fue acertada, fue una opción injusta por la que hemos pedido perdón en todas las instancias y a todos los niveles. Debiéramos haber entregado a la familia el informe en el momento en que las circunstancias lo hubiesen hecho posible. Yo pedí públicamente disculpas ese mismo día, el lehendakari pidió perdón en sede parlamentaria y la consejera y una parte de la dirección de la consejería lo hizo directamente en una reunión con las familias. Visto lo visto, no fue una opción acertada.
También es cierto que el informe de la Cátedra de la UPV/EHU ya era público mucho antes de saltar a los medios.
Cuando hubo una lectura de que se pretendía ocultar el informe en un cajón, hombre, el informe se publicó en julio de 2020, en el marco de la publicación de la Secretaría General de Paz y Convivencia de los documentos básicos del año. Voluntad de ocultación ninguna, estaba publicado y distribuido.
La exhumación de Primo de Rivera se produjo con una cierta normalidad, más allá de algunos incidentes ultras. ¿Qué supone?
La resignificación de un lugar de memoria tiene que ver con poner en valor los valores democráticos y retirar cualquier símbolo que exalte el golpe militar y la dictadura o que humille y revictimice a las víctimas del bando republicano.
¿Y sobre las familias vascas que quieren recuperar a sus allegados del Valle de los Caídos?
“La decisión de no poner el informe de la Bahía de Pasaia en manos de la familia no fue acertada”
Según un informe de Gogora de octubre de 2019, hay 1.234 vascos cuyos restos fueros trasladados al Valle de los Caídos. 1.076 lo fueron desde la CAV y 158 desde otras regiones del Estado. Hay 920 identificados y 314 sin identificar. A partir de ahí hay 37 familias vascas que han visto reconocido su derecho a exhumar los restos de 38 personas y hay cinco que están en proceso de reconocimiento. Los trabajos previos de apuntalamiento de las capillas están prácticamente ultimados, con lo que vamos a tener noticias positivas en no mucho tiempo. El proceso va a velocidad de crucero y seguro que es uno de los objetivos prioritarios de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática.
