La secretaria general de EA, Eba Blanco, ha defendido que la dirección de su partido actuó "bien" en el proceso que culminó con la suspensión de afiliación a cuatro dirigentes del sector crítico, quienes han afirmado por contra que esto fue un acto de "venganza" plagado de "irregularidades" y piden que esa "expulsión" quede sin efecto.

Este martes ha comenzado en un juzgado de lo Civil de Gasteiz la vista por la demanda presentada por Maiorga Ramírez y otros tres dirigentes del sector crítico por la decisión de la Ejecutiva Nacional de EA de retirarles la condición de afiliados durante 4 años. El pasado mes septiembre el juzgado ya admitió a trámite la solicitud de suspensión cautelar de estas expulsiones.

Antes de entrar a la vista Ramírez ha recordado a los medios de comunicación que los juzgados ordenaron repetir las primarias en las que su candidatura, "avalada por más de 400 afiliados", fue anulada por la dirección de EA.

Ha añadido que fue en ese momento cuando la dirección "decidió activar los procesos de expulsión en un proceso plagado de irregularidades" en el que no han tenido posibilidad de defenderse y han sentido una "absoluta indefensión".

"Todo obedece a una voluntad de apartar al adversario político interno y ejercer una acto de venganza una vez que los jugados determinaron el mal proceder democrático de la dirección de EA", ha resumido Ramírez.

Ha añadido que espera que este juicio sirva para "restituir la democracia interna" del partido y para que EA pueda recuperar un principio "básico": "que la afiliación pueda elegir libremente a su secretario general".

Ha explicado que lo que se va a dirimir ahora en los tribunales es si las expulsiones "obedecieron realmente a un proceso reglado" en el que han "podido ejercer su defensa" o "si se ha producido tal indefensión o irregularidad" que esas expulsiones quedarían sin efecto porque se habrían vulnerado sus derechos.

Preguntado por el congreso extraordinario convocado para este fin de semana por el Consejo Nacional de EA para renovar los cargos internos ante la situación de transitoriedad actual en el partido, Ramírez ha recordado que ellos no pueden participar y ha asegurado que "menos del 10 % de los afiliados han participado en las asambleas previas" ese cónclave.

Además ha recalcado que de nuevo la dirección de EA está "incumpliendo lo que dicen los estatutos" de que la forma de elección del secretario general tiene que ser a través de primarias.

Blanco ha mantenido por su parte que tienen "claro, clarísimo" que han "actuado bien". Ha añadido que hoy están en los juzgados porque "hay unas personas que han decidido que todas las decisiones que no les gustan y no las ganan" las llevan a los juzgados y que no "respetan lo que la afiliación" de EA "democráticamente decide".

"Hemos venido para defender eso, para defender a nuestra afiliación, nada más, y lo haremos lo mejor posible", ha zanjado.

EA esta inmersa en una crisis interna desde junio de 2017 cuando Pello Urizar fue elegido líder de la formación por una escasa diferencia de 14 votos frente a Ramírez.

Desde entonces la división se ha acentuado, especialmente tras las primarias de 2019 que auparon a Blanco a la dirección del partido en sustitución de Urizar, en las que la validez de los avales enfrentó directamente a Blanco con Ramírez.

Ese proceso ha terminado en los tribunales e internamente ha supuesto que la Ejecutiva Nacional de EA decidiera, una semana antes del congreso celebrado el pasado febrero, suspender de afiliación a los principales dirigentes del sector crítico: el propio Ramírez, Miren Aranoa, Iratxe López de Aberasturi, Mikel Goenaga y Esther Korres.

A estos dirigentes, que defienden marcar un perfil propio más nítido dentro de EH Bildu, sí se les permitió participar en el congreso,- la suspensión no se hacía efectiva hasta el 21 de febrero-, aunque rehusaron hacerlo y celebraron una asamblea paralela. En ese congreso el sector oficial eliminó el requisito de celebrar primarias para elegir al secretario general.

Un mes después, la dirección de EA vio sin embargo cómo la justicia les obligaba a repetir las primarias del pasado año.