Azpiazu negocia recaudar las tasas a banca y energéticas o activar una compensación

La primera de esas líneas de negociación sondea las opciones que existen para cambiar la forma jurídica de las tasas. Esta vía va al origen del problema: si estas tasas se hubieran presentado como impuestos tal y como se había anunciado, y no se hubieran presentado como prestaciones patrimoniales públicas no tributarias, se hubieran podido concertar con normalidad como cualquier otro impuesto con las haciendas forales para que las recauden. Es decir, se hubieran activado los procedimientos habituales dentro del Concierto Económico y el Convenio navarro. Se trata de estudiar las opciones de cambiar ahora la denominación de esa figura para que sea un impuesto en el trámite de enmiendas a la proposición de ley del PSOE y Unidas Podemos que se tramita en el Congreso.

Si no se cambiara, sería extremadamente complicado o imposible concertar las tasas, porque no se puede concertar una prestación patrimonial. Esto es algo que se reconoce ya de manera abierta en varios ámbitos, aunque en otros se mantiene viva la idea de la concertación.

En el caso de que no se lograra introducir este cambio jurídico ni concertar los impuestos, se negociaría una compensación para Euskadi. En este terreno, hay que tener en cuenta que la compensación sería para dos años, es decir, de manera muy transitoria durante el escaso periodo de vigencia de estos gravámenes. Las tasas se aplicarán a los beneficios de 2022 y 2023. Y, al ser tan escaso el plazo de vigencia, también obliga a moverse con rapidez y buscar una fórmula inmediatamente porque podría darse el caso de que, para cuando se encontrara un mecanismo, el impuesto ya no estuviera vigente.

Fuentes de la consejería de Azpiazu aseguran que están dialogando con el Ministerio de María Jesús Montero, pero rechazan adelantar las cifras. Además, no quieren reducir este debate a una cuestión de millones. La clave para el departamento es que se respete la foralidad, y que no se siente un precedente en que el Gobierno español active un impuesto disfrazándolo con otro nombre y Euskadi no pueda recaudarlo. Los precedentes pueden marcar el camino y repetirse. Es una línea que no se quiere cruzar. No se van a ceder posiciones en ese terreno. Esa es la premisa inicial aunque, por la propia naturaleza de esta discusión, se acabe hablando de cifras.

“Va a ser un acuerdo económico porque es un tema de recaudación y se hablará de dinero, pero al final del camino. El dinero no es la clave. Lo importante es que se respete la foralidad”, recalcan. ¿Podría suceder que el dinero se descontara del Cupo que paga Euskadi al Estado por las competencias no transferidas, es decir, por los servicios que presta el Estado en suelo vasco? En principio, la solución no sería tan sencilla y, además, podría resultar un tanto estrambótico que se utilice la vía del Cupo cuando está concebida para pagar los servicios que ejerce el Estado y sus inversiones (como las infraestructuras y el Ejército). En este caso, por el contrario, se habla de recaudar unos recursos que son vascos, de empresas como Iberdrola, Petronor como filial de Repsol, BBVA y también Kutxabank, una entidad que estaba en duda pero que también entra en el cómputo por el volumen de comisiones cobrado en los últimos tiempos.

Retoques

El PNV condiciona su voto en el trámite final a que se respete la foralidad. El portavoz jeltzale en el Congreso, Aitor Esteban, reiteró ayer miércoles que cree que existe “voluntad” en el Gobierno español, y que quizás haya que realizar “retoques” a la propuesta del PSOE y Unidas Podemos, según dijo a Euskadi Irratia. Aseguró que “hubiera sido mejor que la propuesta hubiera dicho algo sobre concertación y sobre nuestras haciendas”, y que la ausencia de menciones “complica la concertación”. Aun así, cree que se han dado pasos adelante y que, si hay voluntad, se puede encarrilar. Pero añadió que habrá que estar atentos también a cómo puede afectar la regulación europea.

Cuando se le recordó que el Estado prevé recaudar 7.000 millones en dos años y se le preguntó cuántos podría recaudar Euskadi, se limitó a decir que en ello están. Cuando se le volvió a preguntar con quién están hablado de esa cifra, contestó que lo hacen con el Gobierno español. Fuentes del Gobierno vasco explican que una posible solución es cambiar la figura jurídica de la tasa para que se concierte, o una compensación. Esteban ponía sobre la mesa el sinsentido que supondría que se quitara dinero a los vascos evitando la concertación.