Tras la confirmación de la anulación de dos proyectos lingüísticos en dos escuelas catalanas por parte del Tribunal Supremo, la secretaria general de la Conselleria de Educación de la Generalitat, Patrícia Gomà, defendió ayer miércoles que la anulación del proyecto lingüístico de dos escuelas catalanas es “inaplicable” ante el nuevo marco normativo, que rechaza los porcentajes y fija que el catalán es la lengua normalmente empleada como vehicular y el castellano como lengua curricular.
Lo dijo en una entrevista en Rac 1 ayer, miércoles, después de que este pasado martes el Tribunal Supremo no admitiese a trámite los recursos de casación presentados por la Generalitat ante las sentencias emitidas por el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) en marzo de 2021 que anulaban el proyecto lingüístico de dos escuelas públicas de Barcelona y Abrera (Barcelona).
Recursos inadmitidos
“El Tribunal Supremo se ha limitado a no admitir los recursos que había interpuesto la Generalitat. Estamos en un momento posterior en el que se ha aprobado un nuevo marco normativo y, por lo tanto, son inaplicables las sentencias que se habían dictado en este momento anterior”, sostuvo Gomà, que dijo que el tribunal no ha entrado en el fondo de la cuestión.
Explicó también, que la Generalitat ha solicitado al TSJC la revocación de las medidas cautelares vigentes en una decena de escuelas en las que una familia había solicitado la aplicación del 25% de castellano, y que está estudiando cómo proceder en la docena de centros en los que sí que había sentencia firme.
“El lío deriva de que la justicia va muy lenta y hace sus procedimientos en años posteriores a las cosas. La realidad es mucho más rápida, mucho más dinámica y las sentencias llegan después, cuando ya hay un momento totalmente diferente”, lamentó.
Nuevo marco normativo
En una entrevista para Catalunya Ràdio, Gomà dijo prever que en septiembre el Tribunal Supremo rechazará otros recursos de la Generalitat, igual que ha hizo el pasado martes respecto a los centros de Barcelona y Abrera.
También aseguró que las direcciones de ambas escuelas no deben hacer ningún cambio: “No la tienen que aplicar porque estas sentencias devienen inaplicables”, zanjó.
Insistió en que el nuevo marco normativo se adecua a la Constitución y los alumnos adquieren las competencias necesarias tanto en catalán como en castellano, y por otro lado, pidió “que se deje de judicializar la cuestión lingüística”.
