BILBAO - El Gobierno español interpondrá recurso de inconstitucionalidad contra la resolución aprobada en el Parlament el pasado 11 de octubre en la que se rechazaba el posicionamiento de Felipe VI sobre la cuestión catalana, su justificación de la violencia en el referéndum del 1-O y apostaba por la abolición de una “institución caduca como la monarquía”. Lo hará, como ayer aseguró la ministra de Educación y portavoz del Ejecutivo socialista, Isabel Celáa, obviando la opinión del Consejo de Estado, que en su preceptivo informe resaltaba que la resolución “no constituye objeto idóneo para su impugnación”. Sin embargo, el Gabinete de Pedro Sánchez ha decidido recurrir igualmente por varias razones, entre ellas que esta resolución configuraría “un nuevo intento de iniciar nuevo proceso unilateral que desemboque en la creación de la república independiente”.

Celaá se amparó en que el dictamen del Consejo de Estado es “preceptivo pero no vinculante para el Gobierno”, por lo que tras agradecer y respetar su opinión, reflejó que Moncloa “no comparte” ese posicionamiento. Para el organismo consultor, la resolución contra la monarquía no es impugnable porque esas mociones “tienen una naturaleza netamente política y no jurídica, pues no se integran en el ordenamiento ni producen efectos jurídicos de ningún tipo”. En todo caso, el Gobierno español sostiene que el Consejo de Estado sí considera que esa resolución supone “un grave atentado al principio de lealtad institucional”, “una declaración política que manifiestamente degrada la forma política del Estado español y los principios democráticos que la Constitución consagra”, y “que comportan una total falta de respeto hacia la más alta Magistratura del Estado”.

paso a la unilateralidad El Ejecutivo de Sánchez entiende que sí hay motivos para el recurso “por ser un nuevo intento de iniciar nuevo proceso unilateral que desemboque en la creación de la república independiente”. Pero también porque considera que aprobarla supone una “extralimitación de las funciones del Parlament”, y por ello apela al “sentido de Estado” para justificar su decisión “pese al respeto institucional” que les merece el Consejo de Estado. Cuestionada la ministra portavoz por qué cree el Gobierno que esta resolución supone un nuevo intento unilateral para iniciar la república, citó la vía unilateral del Parlament, “a lo que pueda ocurrir eventualmente” en dicha Cámara: “Supone un nuevo intento, como otros anteriores del Parlament, de iniciar un proceso unilateral para la proclamación de una hipotética república catalana”, algo que “vulnera claramente la Constitución y contraviene la última doctrina emanada por el Tribunal Constitucional”.

Y eso que el Gobierno español “cree que no es objeto de debate lo que concierne a la Corona española, la modificación de la forma de Estado. Pero consideramos que es inviolable y no debe ser objeto de disputa partidaria dentro de una Cámara partidaria”.

Desde luego, este posicionamiento, y más en contra de la posición reflejada por el Consejo de Estado, no ayuda en nada a que los partidos soberanistas catalanes echen una mano a Sánchez en la aprobación de sus Presupuestos, después de que el gesto donde el Gobierno sugiere que el 1-O no hubo rebelión, para ser tenido en cuenta por la Abogacía, no sea suficiente ni para el PDeCAT ni para Esquerra Republicana sabedores de que la última palabra está en manos de la Fiscalía.