De Miguel admite que las obras de su piso las pagó un constructor
El acusado afirma que le reembolsó el dinero y que lo hizo a propuesta del propio empresario
gasteiz - El interrogatorio a Alfredo de Miguel a cargo de su abogado culminó ayer con un repaso a todas las causas contenidas en el macroproceso contra la presunta trama de corrupción y con una reiteración de su inocencia. De Miguel solo admitió que las obras del apartamento que su mujer tiene en Gorliz se las pagó a quien las dirigió, Iñigo Aparicio, un constructor alavés, Prudencio Hierro. Sin embargo, el ex diputado foral alegó que fue el propio empresario el que se ofreció a que se le facturaran a él los gastos, que le suponían un beneficio fiscal. De Miguel accedió, dijo, y posteriormente le fue reembolsando a Hierro los pagos realizados a Aparicio.
En su día el propio Aparicio declaró en el juicio que la reforma de la casa de veraneo, que había costado 44.000 euros, se la había pagado Hierro. “Me lía, no lo tenía que haber hecho”, lamentaba ayer el acusado, quien admitió, por otro lado, que en dicha operación no se declaró el IVA correspondiente. La Fiscalía sostiene que Hierro realizó gratis la reforma por la adjudicación a su empresa, Ezkibel, de un contrato en el industrialdea de la Llanada. De Miguel rechazó haber realizado gestión alguna para que dicho contrato se le encomendara a este empresario. “Pruden era más conocido en Sprilur que yo, no tiene ningún sentido”, afirmó.
En cuanto a los pagos a Hierro por parte de De Miguel, para que a su vez abonara la obra a Aparicio, De Miguel dio cuenta de uno por valor de 7.000 euros que ordenó le prepararan en una sucursal de la Caja Vital y que el propio constructor retiró. Ayer también respondió De Miguel sobre las adjudicaciones a su empresa, Kataia, de contratos con el Departamento de Juventud del Gobierno vasco, a cargo entonces de Xabier Sánchez-Robles, por trabajos que la Fiscalía considera no justificados. Explicó que uno lo realizó él mismo y que los otros dos fueron encargados a Errexal, otra de las empresas del presunto entramado. Afirmó que de la ejecución de uno de ellos, un stand para un congreso en Murcia, hay constancia en un medio de comunicación de esta comunidad.
Por otro lado, De Miguel afirmó que a Sánchez Robles lo conocía por coincidir en el Araba Buru Batzar, y que a Gurutz Larrañaga, consejero de Cultura por aquel entonces, “lo he conocido a través de toda esta situación”, dijo en torno a su procesamiento. Sí era amigo de juventud de Iñaki San Juan, titular de Errexal y a quien ayudó a fundar esta empresa, declaró.
A la empresa de San Juan le fueron adjudicados contratos menores por parte de la Diputación cuando De Miguel era titular de Administración Local. El acusado se desvinculó de dichas adjudicaciones que, dijo, realizaron los directores de departamento sin ninguna recomendación por su parte. También negó haber influido para la adjudicación de contratos en los ayuntamientos de Zigoitia y Lapueba de Labarca a empresas de otro imputado, Jon Iñaki Etxaburu.
Por otro lado, buena parte del interrogatorio de ayer se dedicó a desmenuzar la fallida operación para desarrollar un polígono industrial en Zambrana. De Miguel explicó que la entonces alcaldesa, Justina Angulo, se puso en contacto con Sprilur para ver las posibilidades de levantar dicho polígono. El exdiputado, que todavía no había accedido al cargo, puso en contacto al ayuntamiento con Josu Arruti para asesorarles en torno a la posible implantación de una central de ciclo combinado, una vez descartado el polígono.
Posteriormente, en 2005, la empresa de Arruti, Sidepur, contrata a Kataia para asesorarle a él, a Urazca y a la empresa catalana Riera en un nuevo intento de implantar un polígono en la zona. En todo caso, De Miguel no tuvo “ninguna participación, ninguna conexión con lo que ha pasado en Zambrana”, declaró el ex diputado, que también en este caso negó haber recibido co misiones ilegales, al igual que en la adjudicación a la firma Stoa de un contrato en el Parque Tecnológico de Araba. También negó haber presionado para sacar a Ainhoa Alberdi, la denunciante de la presunta trama, de dicha adjudicación.
Una vez finalizado el interrogatorio a De Miguel, le tocó el turno de sentarse ante el tribunal a Aitor Telleria, socio de De Miguel en Kataia, que ayer respondió a las preguntas del letrado del Gobierno vasco.
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