Libertad en entredicho

LO que parecía un goteo de actuaciones judiciales que estrechaban los límites de la libertad de expresión se ha convertido en una auténtica catarata. La coincidencia en el tiempo de las condenas de prisión a los raperos Pablo Hasel y Valtonyc, el secuestro del libro sobre el narcotráfico gallego Fariña, e incluso la retirada de la obra Presos políticos en ARCOmadrid han hecho saltar las alarmas. La presidenta de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV), Garbiñe Biurrun, afirma a DEIA que “se están revisando los delitos de opinión, por lo que muchas conductas que antes jamás habrían sido consideradas delictivas ahora lo están siendo”. Y todo ello “no solo en relación con la actividad o no de ETA, sino con otras muchas conductas que jamás habríamos podido imaginar”, añade. De este modo, advierte de “una escalada en la respuesta judicial a los delitos de opinión”.

El catedrático de la UPV/EHU Jon-Mirena Landa aprecia “una desorientación en el tratamiento de la libertad de expresión en el sentido de que, en cuanto surge cualquier problema aparente, incluso de mal gusto, parece que tiene que haber una reacción, sin darse cuenta de que eso es parte del juego democrático”. Añade que “un entendimiento estrecho de la libertad de expresión limita la democracia”.

Todo ello conlleva incluso penas de cárcel, como en los mencionados casos de Hasel y Valtonyc. Biurrun explica que “hay delitos de opinión como las injurias y las calumnias que no llevan aparejadas penas de prisión sino económicas; en cambio otros delitos, como el de injurias a la Corona, sí contemplan penas de cárcel. Eso es desigual y desproporcionado, sobre todo que se salte de una pena económica a una de privación de libertad”. La libertad “es uno de los derechos fundamentales más sagrados junto con la vida”, por lo que la prisión “debería limitarse a delitos de verdadera entidad, que lesionen bienes jurídicos individuales o sociales muy relevantes”.

A poco que se mire alrededor, se hace evidente que los espacios para la libre expresión que empezaron a conquistarse a finales de los años 70 y durante los 80 se encuentran en plena recesión. Una situación que podría deberse a la hipersensibilidad y preeminencia de lo políticamente correcto en la actualidad. El sociólogo y profesor de la UPV/EHU Xabier Aierdi valora que dicha corrección política “tiene una cosa positiva y es que hay menos campo para las humillaciones. Si te obliga a repensar categorías que durante mucho tiempo has utilizado pero que pueden ser ofensivas, pues bienvenido sea porque te empuja a resituarte”. Aprecia, eso sí, una parte negativa: “Lo peor es que se está limitando el campo del debate y se está llevando todo a cuestiones penales”, y eso constriñe “la posibilidad de debatir, reflexionar y analizar este tipo de situaciones”.

Un dato objetivo es que ahora se presentan más denuncias relacionadas con el derecho al honor y a la imagen, individual o de colectivos e instituciones, que en años precedentes. A preguntas de este medio, la magistrada Garbiñe Biurrun opina que “todas las sociedades en democracia deberían evolucionar a más democracia, por lo tanto también a más tolerancia y mayor valoración de los derechos fundamentales, entre otros a la libre expresión”. Sin embargo, “en España, no como en los países de nuestro entorno, se ha generado un caldo de cultivo de intolerancia absoluta respecto a la expresión de colectivos en relación sobre todo a determinadas instituciones”. Asegura que las ofensas a los sentimientos religiosos y los delitos de odio “deberían repensarse absolutamente”, así como las injurias a la Corona y el enaltecimiento del terrorismo, que “ya venían siendo muy criticados”. Concluye que “estamos perdiendo en tolerancia, libertad y sobre todo en capacidad de crítica a las instituciones y los poderes fácticos”.

Jon-Mirena Landa, que dirige la Cátedra de Derechos Humanos y Poderes Públicos de la UPV/EHU, hace referencia a otro hecho insólito: con ETA inactiva, se presentan muchas más denuncias por enaltecimiento del terrorismo que cuando atentaba, algo “paradójico”. Apunta que “mientras había atentados, la apología cumplía un papel residual, y cuando el debate político es el relato porque no hay actividad de ETA suben al primer plano los delitos de expresión”. Una “coincidencia sospechosa, cuando se debate sobre cómo leemos el pasado parece que se tensan más los delitos de apología del terrorismo”.

Impulso político Respecto a si la libertad de expresión debe tener límites, Landa aprecia algunos evidentes, como el honor. “Un discurso dirigido claramente contra el honor de una persona concreta debe protegerse, no se puede insultar de manera particular”, asevera. Otra barrera es que “el discurso sea tan incendiario que se convierta en una provocación directa a la comisión de un delito”. “Todo lo que sea una provocación más general es inquietante, puede ser de mal gusto y debe ser combatida con coraje cívico, pero no criminalizada”, zanja.

En este contexto, las redes sociales, en las que “cualquier cosa que digas es muy difícil que quede en el ámbito más privado”, cumplen un papel amplificador, como señala Aierdi. “Al final se pueden convertir en martillo de herejes”, advierte, ya que “generan la imagen de que determinadas ofensas o los requerimientos de diferentes colectivos, los ofendidos, son mayores”.

La reciente sentencia absolutoria del Tribunal Supremo a Cassandra, condenada por la Audiencia Nacional por unos tuits sobre Carrero Blanco, atestigua la diferente forma de proceder de los jueces. Biurrun aboga por “unificar una respuesta judicial razonable y proporcionada” mediante el “respeto a los derechos y libertades públicas recogidos en la Constitución”. Confirma además el impulso político, a la hora de legislar penalmente, tras esta situación: “Todos los gobiernos se han mostrado incapaces de resistir la tentación de utilizar el Código Penal para intentar controlar las ideas”.