RODRIGO Lanza, que ayer ingresó en prisión acusado de la muerte del falangista Víctor Laínez en Zaragoza el pasado día 8, procede de una familia vinculada a la dictadura del general Augusto Pinochet que sacudió Chile entre los años entre 1973 y 1990.
El joven de 33 años, nacido en Chile pero con nacionalidad italiana, es nieto del que fuera uno de los hombres de confianza del dictador Augusto Pinochet: el almirante Sergio Huidobro. Sin embargo, en contraste con su herencia familiar, Rodrigo Lanza se ha movido siempre en el ámbito de la extrema izquierda.
En 2006, Rodrigo Lanza fue detenido por dejar en estado vegetativo a un agente de la Guardia Urbana de Barcelona en un altercado tras una fiesta en una casa okupa de la Ciudad Condal. Tras defender su inocencia y denunciar un complot policial en su contra, recibió el apoyo de partidos y organizaciones humanitarias que presentaron su caso como una injusticia.
Fue juzgado y condenado a cuatro años y medio de prisión por los delitos de atentado y lesiones imprudentes, así como a indemnizar a la familia del agente con 1.180.000 euros. Lanza quedó en libertad provisional en febrero de 2008 -una vez cumplidos dos años de prisión preventiva- y compareció ante los periodistas en la embajada de Chile en Madrid para reivindicar su inocencia y denunciar maltrato durante su detención.
Las aspiraciones de Rodrigo Lanza y los otros jóvenes que fueron condenados con él empezaron a despertar cada vez más simpatías a raíz de que en 2011 la Audiencia de Barcelona condenase por torturas y montaje policial en otro asunto a dos policías locales cuyo testimonio había sido clave para involucrar a Lanza y sus compañeros.
Hubo manifestaciones en Barcelona e incluso en Santiago de Chile, pero cuando el asunto adquirió mayor repercusión fue después de la emisión en 2015 del documental Ciutat Morta, que presentaba a los jóvenes como víctimas de un montaje policial.
La afluencia de manifestantes en las convocatorias posteriores pasó de centenares a miles de personas en Barcelona y el Síndic de Greuges abrió una investigación de oficio en la que concluyó que las administraciones actuaron con “negligencia” y “falta de transparencia” en este caso.
Ahora, tras reincidir con el asesinato de Víctor Laínez, al que supuestamente mató por llevar unos tirantes con la bandera de España, pierde peso la hipótesis del complot policial del que Lanza dijo ser víctima tras los hechos de 2006.- DEIA
