BIlbao - El traslado de los bienes de Sijena desde el Museu de Lleida al monasterio de la localidad aragonesa, hecho efectivo ayer no sin generar incidentes en las afueras del museo catalán, cerró ayer un litigio territorial cuyo trasfondo político amenaza con hacer del asunto un argumento central para los partidos nacionalistas de cara al 21-D. La aplicación del artículo 155 de la Constitución fue el paraguas perfecto al que se aferró el Gobierno español para satisfacer un requerimiento judicial -aún no definitivo- que ordenaba que las autoridades catalanas devolvieran 44 piezas de valor histórico compradas, rehabilitadas y custodiadas por la Generalitat desde 1983. Solo faltó un lienzo del siglo XVIII que no fue hallado por los especialistas, si bien el museo ilerdense cedió otra pieza. Todas las fuerzas soberanistas, con el president destituido, Carles Puigdemont, a la cabeza, tildaron la devolución de “expolio” materializado gracias a “un golpe de estado”. Las autoridades aragonesas, por el contrario, celebraron que se hiciera justicia. Entre medias quedó la valoración del Ejecutivo de Rajoy, que se escudó en que las sentencias son de obligado cumplimiento.

A partir de las 0.00 de ayer debía cumplirse la orden del Juzgado de Huesa que en 2005 declaró nula la venta de las pieza por parte de las monjas de la Orden de San Juan de Jerusalén a la Generalitat. Y la Guardia Civil, junto a los técnicos del Gobierno de Aragón, se afanaron en materializarla a las pocas horas. Convocados por la organización juvenil Arran, cercana a la CUP, para las primeras luces de la jornada ya se había organizado una concentración que derivó en incidentes cuando los Mossos d’Esquadra -que protegían el dispositivo- cargaron contra los presentes para que algunos de estos no superaran el perímetro vallado alrededor del Museu de Lleida. De nada valieron las quejas de la dirección de la pinacoteca, ni los informes técnicos de la red de Museos de Arte de Catalunya. Una vez que las obras fueron identificadas y embaladas, fueron sacadas en diez furgones en dirección hacia Sijena. La localidad oscense las recibió a primera hora de la tarde entre vítores de los vecinos. Hoy será el turno para la visita oficial del presidente aragonés, Javier Lambán (PSOE).

Además de en las calles, las protestas también llegaron bien pronto desde el ámbito político. Significativa fue la del expresident, Carles Puigdemont, quien indicó que el traslado se llevó a cabo con “nocturnidad y utilizando una policía militarizada, como siempre, aprovechando un golpe de Estado para expoliar a Catalunya con absoluta impunidad. Este es el modelo de país que defienden Ciudadanos, PSC y PP”. El exconseller de Cultura, Luis Puig, puso el foco en la aplicación de un artículo 155 sin el que “sería imposible que esto se llevara a cabo”, ya que una vez cesado el Govern, la Consellería de Puig pasó a manos del Ministerio español dirigido por Íñigo Méndez de Vigo, que no puso impedimentos a un traslado que aún puede tener algún capítulo judicial más.

“botín de guerra” ERC también alzó la voz en contra. “Estamos ante otro ejemplo que el estado español quiere hacer prevalecer la fuerza a la inteligencia”, afirmó el portavoz en el Congreso, Joan Tardá. La número dos del partido, Marta Rovira, consideró “desmesurado” que el juez autorizara el uso de la fuerza para ejecutar la resolución judicial, más sin cabe teniendo en cuenta de que “no existe todavía una resolución firme”. La CUP, por su parte, advirtió por boca de su dirigente Mireia Boyà de que el Estado español “ha venido a humillarnos, han venido aquí a buscar su botín de guerra”. A las censuras de los nacionalistas se unieron en esta ocasión las de PSC y CatECP.

El candidato a president socialista, Miquel Iceta, afirmó que la decisión del traslado “es precipitada” y abogó por “haber esperado a que se acabaran de tramitar todos los recursos judiciales en curso y eso es lo que toca hacer y lo que ha hecho el Ayuntamiento de Lérida -gobernado por el PSC- en todo momento”. “Los que defendieron que el 155 sería una medida quirúrgica, tendrían que explicar cómo esta medida ha interferido en un contencioso histórico”, profundizó el aspirante de CatECP a las elecciones del 21 de diciembre, Xavier Domènech. El PPC, por último, achacó lo sucedido a la “incapacidad negociadora de los gobiernos separatistas”.