Bilbao - La esposa del comisario europeo Miguel Arias Cañete, Micaela Domecq Solís-Beaumont, era uno de los nombres que aparecieron en la primera tanda de la filtración de los papeles de Panamá, ya que poseía junto a sus hermanos una sociedad offshore ligada al bufete Mossack Fonseca. Ayer trascendió que Domecq, que pertenece a una familia de terratenientes y empresarios de Jerez de la Frontera (Cádiz), se acogió además a la amnistía fiscal impulsada por el Gobierno de Mariano Rajoy en 2012, cuando Cañete era todavía ministro de Agricultura y Medio Ambiente de ese Ejecutivo.

Así lo desveló El Confidencial, uno de los medios que están publicando la información sobre este paraíso fiscal, lo que provocó múltiples peticiones de explicaciones al actual comisario de Energía y Clima, incluso la exigencia de su dimisión por parte del PSOE. Tal y como recordaba el medio digital, el aludido ha tratado de desmarcarse de los negocios de su mujer afirmando que tienen una “separación absoluta de bienes” desde que se casaron en 1978.

El portavoz de Hacienda del grupo parlamentario del PSOE, Pedro Saura, calificó de “indecente” que el 30 de marzo de 2012, cuando se aprobó la amnistía, “Cañete fuera ministro y por la tarde su mujer se acogiera” a la misma. Por este motivo, pidió su dimisión inmediata: “Demuestra que Cañete tiene nulos principios y pedimos que no esté ni un minuto más como comisario de la UE”, aseveró, tras criticar que la amnistía ha sido “un traje a medida para los amigos y dirigentes del Gobierno del PP”.

Micaela Domecq Solís-Beaumont figura en el listado de Personas Políticamente Expuestas (PEP, en sus siglas en inglés) que la Agencia Tributaria envió al Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales (Sepblac) por si el dinero que regularizó en 2012 procedía de la actividad derivada del político. Por ello, Saura pidió que “se conozca el nombre de todos los defraudadores que se acogieron a esta amnistía, ya que ha sido la mayor máquina de lavado de dinero negro de la historia de nuestro país”.

Escándalo A estas críticas se sumó la portavoz adjunta de Podemos en el Congreso, Irene Montero, que calificó de “escándalo” que el Gobierno popular haya utilizado “mecanismos aparentemente legales” para “beneficiar a amigos y familiares”. Por su parte, la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, eludió pronunciarse sobre esta cuestión afirmando que desconoce la información fiscal de la mujer del comisario europeo. “No se deberían conocer los datos fiscales de nadie”, zanjó.