Las víctimas afean a Rajoy

LA sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco sobre el decreto del Gobierno vasco que regula el reconocimiento de las víctimas de abusos policiales ha supuesto una victoria pírrica para el gabinete de Mariano Rajoy, ya que tan solo ha afectado a cuestiones técnicas de carácter secundario. Ello no ha evitado que los principales afectados, las propias víctimas del periodo comprendido entre 1960 y 1978, censuren con dureza la actitud del Ejecutivo del PP por haber presentado un recurso contra esta normativa a través de la Abogacía del Estado. DEIA ha hablado con tres de ellas que denuncian que el recurso ha supuesto un paso atrás en su reconocimiento y reparación, emplazan a Moncloa a preocuparse por todas las víctimas por igual y recuerdan las tareas pendientes de las instituciones vascas en esta cuestión.

Tener en cuenta el relato de todas las partes

El abogado Javier Batarrita cuestiona la principal modificación en el decreto de víctimas introducida por la sentencia, al admitir la alegación del Estado de que “no se exige prueba fehaciente de las lesiones sufridas por los interesados al no existir la intervención de un órgano objetivo tal y como se recoge en la Ley de Memoria Histórica”. Tras recordar que “el decreto que hizo en su día el Gobierno de Patxi López [después reformado por el gabinete de Iñigo Urkullu] seguía al pie de la letra la Ley de Memoria Histórica y se remitía prácticamente a ella”, opina que, en el caso de los fallecidos por violencia policial, solo el hecho de serlo y “las circunstancias” en que se produjo su muerte “son prueba suficiente de que son víctimas”.

Respecto a los heridos o personas que han sufrido secuelas, remite a “las referencias a esos acontecimientos en los periódicos o los medios de la época”. Apela además a la existencia de “partes médicos porque las heridas y las secuelas normalmente han sido muy importantes” y a las “diligencias penales” que, aún en el caso de no haber salido adelante, se sustentan en “una instrucción” que puede ser consultada. “Según mi criterio eso es prueba objetiva y documental más que suficiente sobre el perjuicio personal de las víctimas y las lesiones sufridas en un entorno injusto”, sostiene.

El letrado es hijo de Javier Batarrita, un directivo de la empresa de motocicletas Lube que murió en marzo de 1961 tras ser tiroteado en su vehículo en Bolueta por agentes de policía y guardias civiles que le confundieron, a él y a sus dos acompañantes, con miembros de ETA. Javier Batarrita hijo recuerda que su caso es uno de los ocho que se incorporaron al decreto original sobre víctimas de abusos policiales y que lo hizo con suma facilidad, “casi de oficio”, tras ser contactado por la consejería de Justicia entonces liderada por Idoia Mendia. A preguntas de este periódico, critica además otra de las pretensiones del Gobierno español con su recurso y que, en este caso, ha sido desestimada: impedir que estas víctimas lleven su experiencia a las aulas porque ello podía “dañar la imagen de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad”.

Un argumento “bastante ridículo”, a juicio de Batarrita, ya que “en el fondo se trata del relato histórico de una época y la historia es tan subjetiva como las personas que la han vivido. Cada cual tiene su relato y será coincidente con unos y con otros no”. Agrega que tratar de limitar lo acontecido en ese periodo a las víctimas de ETA “es un criterio muy poco histórico” y concluye que “si se quiere explicar lo que ha sido una época habrá que tener en cuenta los relatos de todas las partes afectadas, y un tercero tendrá que extraer sus conclusiones sobre lo que pasó”.

Un recurso electoralista para exhibir fortaleza

Mikel Paredes achaca la iniciativa de la Abogacía del Estado contra el decreto del Gobierno vasco a un afán electoralista, con los comicios generales previstos para final de año. “Vienen las elecciones y de cara a su gente tiene que parecer que están fuertes. Me río yo de su fuerza porque cada día hay sale un nuevo fraude, un nuevo tío que se ha llevado pasta... Y en vez de que la justicia funcione ya vemos cómo va la cosa. Si consiguen votos así ellos verán, desde luego aquí en Euskadi lo tienen difícil”, afirma. Agrega que “el problema del Gobierno español es que solo ve a las víctimas de un lado y parece que no hay otras. En lugar de ayudar en la labor que estamos llevando a cabo las víctimas para que desaparezca la violencia y nos entendamos todos hacen cosas como esta, que nos hacen retroceder en lugar de avanzar”.

Juan Paredes Manot, Txiki, y Ángel Otaegi fueron los últimos miembros de ETA fusilados durante el franquismo, el 27 de septiembre de 1975, menos de dos meses antes de la muerte de Franco. El hermano de Txiki, Mikel Paredes, destaca el trabajo que están realizando de forma conjunta damnificados de violencias diferentes: “se llevan bien, están contentas y hacen el trabajo que creen que tienen que hacer”. Asimismo, lamenta que “los que tienen que apoyarte, en este caso el Gobierno español, va a su bola, a intentar romper todo lo que estás haciendo”.

Respecto al decreto del Gobierno vasco, recuerda que, en un primer momento, “no tenía muchas esperanzas de que fuera adelante, pero salió, creo que porque se hizo aquí con el Gobierno vasco, ya que a nivel de España fíjate tú. Tienen miedo a la verdad, que debe escocer mucho, a saber lo que nos estarán escondiendo”. Pese a las trabas que llegan desde Madrid, asegura que “nosotros vamos a seguir igual, hay que intentar arreglar esto y si ellos no quieren, nosotros sí. Imagino que al final ganará la justicia, la verdad y la paz”. En referencia a la labor del Ejecutivo vasco en esta materia, valora que “seguro que lo estarán haciendo lo mejor posible dentro de sus posibilidades. A ver si avanzamos y cosas como esta no vuelven a ocurrir, aunque mientras no desaparezcan algunos carcamales que hay por ahí esto seguirá así”.

Justicia y reparación para todas las víctimas

Inés Núñez se muestra muy crítica con la decisión del Gobierno español de recurrir la normativa sobre víctimas de abusos policiales. Asegura que “este asunto debería estar en su agenda por su importancia pero no para impugnarlo por motivos insignificantes al lado de lo realmente importante, que es cumplir con sus obligaciones legales”. Se refiere así a que Moncloa trabaje para proporcionar “justicia y reparación a estas víctimas”. “Ese recurso nunca debió presentarse, ha generado una tensión, incertidumbre y doble victimización a personas que ya han sufrido mucho”, señala.

Califica la sentencia del Tribunal superior vasco de “victoria ridícula” del Ejecutivo de Rajoy por “cuestiones sin importancia”. Así, explica que “lo que ha conseguido es que, en lugar que valga un certificado médico, ahora un médico independiente tendrá que certificar las lesiones que, efectivamente, se han sufrido”. En lo referente a las otras dos alegaciones de Madrid contra la presencia de las víctimas en las aulas y a favor de que estas devuelvan las ayudas recibidas por parte del Gobierno vasco, “el tribunal superior le da hasta en el carné de identidad”, expresa.

El 15 de mayo de 1977, Francisco Javier Núñez, acompañado de su hija de corta edad, se topó de forma casual con una manifestación en el centro de Bilbao. Dos policías le dieron una paliza pese a no tener nada que ver con la protesta, lo que posteriormente fue a denunciar al palacio de justicia. Pero los policías le interceptaron y le subieron a una furgoneta a punta de pistola, tras lo que le torturaron, entre otras cosas, obligándole a ingerir cerca de un litro de coñac y otro de aceite de ricino. Núñez murió después de trece días de una terrible agonía.

Su hija Inés, tras insistir en reclamar al Gobierno español que “se ponga las pilas de una vez”, recuerda tareas pendientes como “un acto de reconocimiento institucional por parte del Gobierno y del Parlamento Vasco, una petición pública de disculpas y la equiparación de las víctimas en cuanto a las indemnizaciones, porque son todas iguales. Yo no elijo a mi verdugo, es increíble que cobres la mitad porque te mate un policía descontrolado en vez de ETA. Parece un reconocimiento de segunda”. Concluye que esta reparación “no puede estar condicionada por lo que haga un tercero, que es ETA. En un Estado de derecho las víctimas tienen derechos individuales reconocidos y se les repara con independencia de lo que haga un tercero que no controlan”.