Brian Currin asegura que la excarcelación de los presos de ETA debe basarse únicamente en la legislación penal

BILBAO. Con motivo de su participación en el foro social celebrado en Bilbao, organizado por Bake Bidea y Lokarri, el letrado que lideró la comisión que en Irlanda del Norte gestionó la excarcelación de miembros del IRA y de paramilitares unionistas, ha defendido que los presos pertenecientes "a una organización involucrada en una lucha armada que cambia de estrategia y se compromete con la paz" deben "participar en la construcción de la paz".

La cita, desarrollada en el Palacio Euskalduna de Bilbao, ha contado con la presencia entre el público asistente de la asesora de la Secretaría de Paz y Convivencia del Gobierno vasco, Aintzane Ezenarro, los representantes del PNV Joseba Aurrekoetxea e Iñigo Iturrate, los representantes de Bildu Pello Urizar, Julen Arzuaga, Asier Harraiz, Oskar Matute o el miembro de Sortu Rufi Etxebarria, entre otros.

En su intervención, Currin ha destacado que antes de 1990 los presos políticos en Sudáfrica "no tenían derechos y estaban en un régimen de aislamiento", lo que situaba al país en "cualquier contexto fuera de los derechos humanos", circunstancia que "en muchos lugares se sigue produciendo".

En este contexto, ha señalado que "reintegrar a los presos con motivación política" no estaba en la agenda sudafricana hasta 1990, mientras que en el caso de Irlanda, a medidos de los años 90, se desarrollaron "programas exitosos" para garantizar "la reintegración", estando todo ello "encabezado por la sociedad civil".

Asimismo, ha manifestado que en el caso irlandés cuando se hace referencia los derechos de los presos "la diferencia la marca la gran huelga de hambre de 1981", porque hasta entonces sus derechos se encontraban también muy "restringidos y limitados".

"Sus condiciones cambiaron de forma importante, pero es un área geográfica muy reducida y los reclusos estaban cerca de los familiares, lo que no es el caso del Estado español", ha criticado, en referencia a la política de dispersión desarrollada por el Ejecutivo central.

Asimismo, ha defendido que los presos que pertenecen a una "organización involucrada en una lucha armada" que haya modificado su "estrategia comprometiéndose con la paz" y que hayan rechazado a su vez la violencia "como mecanismo para el cambio político" se "están ganando el derecho político y social a poder participar en la construcción de la paz". "No es un derecho recogido en un instrumento legal, pero sí creo que es importante y lo promuevo", ha añadido.

En este sentido, ha recordado que en Irlanda se creó una organización que contaba con financiación pública dedicada a la "reintegración de los prisioneros" y ha añadido que los presos "debían participar de manera activa en el proceso", aunque para ello "tenían que irse organizando dentro de la prisión y existir una comunicación con lo que se negociaba en el exterior".

En su intervención, ha defendido además que no se debe "condicionar" la "liberación de presos" a cuestiones como las "peticiones de perdón o las muestras de arrepentimiento", ya que son cuestiones "diferentes", la primera vinculada a la ley y la segunda a la "reconciliación".

"Las expresiones de arrepentimiento o peticiones de perdón son temas separados de la puesta en libertad de los presos. Uno está dentro del contexto de la ley penal, donde los tribunales tienen que decidir en un proceso para la liberación de presos. El otro es totalmente distinto, relacionado con la reconciliación", ha aclarado.

A su juicio, en ningún momento se deben "combinar" ambas cuestiones, ya que la excarcelación no se puede condicionar a una expresión de "arrepentimiento", sino tratar de "forma separada a través de un mecanismo de justicia transacional".