bilbao. La jueza Mercedes Alaya ha decidido dar un "salto cualitativo" -tal como ella misma señala en su auto- a la investigación de los ERE fraudulentos en Andalucía y ha imputado en la causa a quien fuera consejera andaluza de Hacienda entre 1994 y 2004, posteriormente ministra de Fomento con el Gobierno Zapatero y en la actualidad vicepresidenta del Banco Europeo de Inversiones (BEI), Magdalena Álvarez, así como a otros 19 altos y ex altos cargos de la Junta de Andalucía, entre ellos el actual viceconsejero de Presidencia, Antonio Vicente Lozano Peña, y el ex interventor general del Gobierno andaluz Manuel Gómez Martínez.
La jueza basa su auto, redactado el pasado 28 de junio, en el oficio remitido por la Guardia Civil un día antes, y en el que se analiza el papel desempeñado en los ERE por la Consejería de Hacienda y la Intervención General de la Junta de Andalucía. En esta línea de investigación, los agentes analizan la posible comisión de los delitos de malversación, prevaricación y contra la Hacienda pública.
La magistrada señala en el auto, notificado ayer a las partes, que la utilización, vía modificación presupuestaria o a través de los presupuestos de la comunidad, de las transferencias de financiación para el pago de ayudas sociales, "habría permitido la concesión de subvenciones al margen de su normativa reguladora". Por ello, considera que "ha llegado el momento de dar un salto cualitativo en la instrucción" y determinar la participación en estos hechos de las personas que en la ejecución de sus competencias "habrían permitido este uso indebido de financiación, con las consecuencias del dispendio continuado de fondos públicos".
Responsabilidad Mercedes Alaya se centra en su auto a la responsabilidad de Magdalena Álvarez y señala que corresponde al consejero de Hacienda -cargo desempeñado entonces por Álvarez- "velar por la ejecución del presupuesto y por los derechos económicos de la hacienda, con respeto absoluto a los principios de legalidad y eficacia". En este sentido, recuerda que fue Magdalena Álvarez quien dictó en 2003 las normas en las que se recogía el concepto presupuestario de las transferencias de financiación para pagar ayudas sociolaborales, algo que considera "absolutamente inadecuado". Con respecto al actual viceconsejero de Presidencia, la jueza señala que Vicente Lozano Peña fue el director de Presupuestos entre 2000 y 2004, cuando Álvarez era la consejera de Economía y Hacienda. Sobre otro de los ex altos cargos imputados, el ex interventor general de la Junta de Andalucía Manuel Gómez Martínez, la magistrada argumenta su imputación por el "incendiario conocimiento del uso indebido de las transferencias de financiación para el pago de ayudas sociolaborales y los desfases presupuestarios que ello estaba generando".
Defensa de Chaves
Las reacciones a la decisión de la jueza Alaya no se hicieron esperar. Los socialistas andaluces celebraron ayer su Comité Director y aunque José Antonio Griñán no citó expresamente al auto, el presidente de la Junta de Andalucía aseguró que "nada ni nadie va a condicionar la agenda del PSOE". Mucho más claro se mostró el vicesecretario general de los socialistas andaluces Mario Jiménez, que cargó contra la jueza Alaya, a la que acusó de hacer causa general contra los gobiernos de Chaves y Griñán.
Fue precisamente el anterior presidente de la Junta, Manuel Chaves, quien realizó una encendida defensa de la exministra de Fomento. En declaraciones efectuadas en los pasillos del Congreso, Chaves dejó claro que la imputación no significa culpabilidad. "Estoy convencido de que cuando fue consejera de Hacienda no tuvo absolutamente nada que ver con el tema de los ERE", manifestó el expresidente andaluz.
Desde el PP, mientras Celia Villalobos abogaba por esperar a ver qué recorrido tiene la decisión de la jueza, el portavoz popular en la comisión de Hacienda, Vicente Martínez-Pujalte, consideró que es difícil que tras la imputación de Álvarez el siguiente en ser imputado no sea José Antonio Griñán.
