El PNV enciende las luces de "alarma" ante el escaso respeto a las competencias forales en la reforma local

Bilbao. "Alarma" y "mucha preocupación". Eso es lo que ha provocado en el PNV la lectura del último borrador del Anteproyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración local que ultima el Gobierno español. Ello se debe, tal y como explicó ayer el portavoz del Grupo Vasco en el Congreso, Aitor Esteban, a que en dicha versión de la ley "solo hay una genérica mención a las competencias forales".

En el marco de la comparecencia en comisión del secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, para informar de esta iniciativa, Esteban aseguró que la Disposición Adicional Primera del anteproyecto "no sirve para dar cobertura ni a la promesa que el presidente del Gobierno formuló en una sesión de control, ni para cumplir el mandato de la Cámara como consecuencia de la aprobación de una propuesta del PNV" referida al respeto a la foralidad vasca.

Por ello, y tras tener acceso al último borrador con fecha del día 21 -"pero no porque el Gobierno nos lo haya facilitado", especificó-, el diputado jeltzale pidió al Ejecutivo "más precisión para evitar la judicialización de muchos asuntos". Del mismo modo, recordó al secretario de Estado que el Grupo Vasco le ha entregado una serie de reclamaciones que todavía se pueden incluir en forma de enmiendas en lo que resta de trámite legislativo. Esteban advirtió de que "si esas líneas rojas se rebasan, nos opondremos absolutamente con todos los medios a nuestro alcance". Concluyó insistiendo en que "para una reforma de este tipo es absolutamente necesario un gran consenso".

Recentralización

En su comparecencia en la Comisión de Hacienda del Congreso, el secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, reconoció que le consta que "a muchos" no les gusta la reforma de la administración local que prepara su departamento. Insistió, eso sí, en que es necesaria y en que generará importantes ahorros en los próximos tres años, el periodo en el que tardarán en desplegarse todos sus efectos.

La socialista Meritxell Batet denunció que, con el pretexto de evitar duplicidades, se pretende prohibir a los ayuntamientos ejercer competencias en educación o sanidad, "dándoles un rol de subordinación". La diputada de Amaiur Onintza Enbeita aseguró por su parte que esta iniciativa supone dar "pasos agigantados" hacia la recentralización del Estado.