BILBAO. El 11 de febrero de 2009, poco después de que el juez Baltasar Garzón destapara la trama Gürtel, Mariano Rajoy compareció ante la prensa en la sede central del Partido Popular, rodeado de todos los primeros espadas de su partido, para proclamar una sentencia lapidaria: "No es una trama del PP, sino contra el PP". Cuatro años después, los indicios y las evidencias, y la sucesión de capítulos relacionados contra la corrupción, cercan al actual presidente del Gobierno español, en particular, y a su propio partido, en general. El último episodio ha llegado personalizado en la figura del extesorero Luis Bárcenas, quien, según desveló ayer el diario El Mundo pagó sobresueldos en negro durante dos décadas a parte de la cúpula dirigente popular, un proceder que no ha hecho sino erosionar todavía más la figura de Rajoy, que según esa información no cobró dinero en B, aunque sí estaba al tanto de lo que sucedía.

Los nombres de Baltar, Güemes, Rato y González vienen cosidos a una sucesión de casos cada vez más indigestos para el Ejecutivo español. No ha habido semana reciente que el PP no se haya desayunado con un asunto que le haya explotado en las manos. Desde las contrataciones irregulares que llevaron al expresidente de la Diputación de Ourense, José Luis Baltar, a darse de baja como afiliado tras ser imputado por prevaricación -después de, presuntamente, enchufar a un centenar de familiares y allegados en la institución que regía-, hasta la sospechosa adjudicación de la gestión de los análisis clínicos en los hospitales madrileños, privatizados recientemente, a la empresa (Unilabs España) para la que trabaja Juan José Güemes, exconsejero de Sanidad de la Comunidad. Esta avalancha se produce en un momento marcado para más inri por la indignación social que ha causado, por ejemplo, la contratación de Rodrigo Rato por parte de Telefónica; la deficiente gestión realizada por el Ayuntamiento de Madrid en el caso Madrid Arena; o por la implicación del presidente madrileño Ignacio González en la compra de un ático marbellí que estaba sujeto a investigación y por el que abonó cerca de 770.000 euros, exhibiendo un derrochador plan de vida, imposible de explicar con su sueldo y con el de su mujer. Más de 300 políticos españoles se hallan implicados en distintos casos de corrupción, con el epicentro en Baleares y la Comunidad Valenciana, y una gran mayoría de ellos bajo las siglas del Partido Popular.

Toda la oposición salió ayer a la palestra para exigir explicaciones a Rajoy ante la extrema gravedad de los hechos, principalmente Alfredo Pérez Rubalcaba, que pidió además la dimisión del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, si se demuestra que Bárcenas regularizó 10 millones de euros gracias a la amnistía fiscal. De acuerdo con la versión periodística, Bárcenas distribuía cada mes sobres con cantidades entre 5.000 y 15.000 euros a secretarios ejecutivos, cargos públicos y otros miembros del aparato popular. El dinero procedía de comisiones cobradas a constructoras y compañías de seguridad y de donaciones anónimas. En medio de este panorama, la secretaria general de PP, María Dolores de Cospedal, ni lo confirmó ni lo desmintió, limitándose a asegurar que "no me consta" que ello se produjera durante su mandato o en el transcurso del anterior, garantizando que "en este partido, quien la hace, la paga. Que cada uno aguante su vela". Su predecesor en el cargo y actual vicesecretario de Política Autonómica y Local, Javier Arenas (1999-2003), también rechazó las acusaciones al afirmar que no había pago en B y que todo pasaba por Hacienda y el Tribunal de Cuentas.

Según El Mundo, Rajoy pidió en 2009 a Cospedal que se encargara de acabar con esta práctica, "y fue ella quien puso fin a más de veinte años de salarios en negro", agregaba el diario. Al parecer, Bárcenas amenazó con revelar estos pagos si el partido no le ayudaba a eludir las consecuencias penales del caso de corrupción política Gürtel en el que está imputado. Para colmo, el extesorero, que se encuentra procesado por evasión fiscal de al menos 22 millones de euros descubiertos en cuentas de Suiza, lejos de haber sido declarado persona non grata por el PP, ha mantenido coche oficial, despacho, teléfono y secretaria en la sede de Génova desde que tuvo que renunciar a su cargo en 2009.

El pago de sobresueldos en negro era una práctica habitual en el PP desde la época de Alianza Popular, el partido liderado por el fallecido Manuel Fraga, que continuó con José María Aznar (1996-2004) y posteriormente con Rajoy, aunque fue este quien instó a poner fin a la práctica. Los beneficiados por los sobres tenían además un salario orgánico, y en muchos casos también institucional, al ser diputados.

y rajoy, muy "tranquilo" Los tres vicesecretarios generales -Javier Arenas, Esteban González Pons y Carlos Floriano- cumplieron ayer con la consigna: indignación y sorpresa. Y, según relataba la agencia Efe, un buen puñado de dirigentes sugiere que la información destapada es fruto de la "desesperación" de Bárcenas, como señala alguien cercano a Cospedal, el mismo que pone en valor la "determinación" con que se comportó su secretaria general cuando se puso a los mandos en 2008. Si Cospedal dejó fuera a Bárcenas, apunta esta fuente, no fue solo por las acusaciones que ya se vertían sobre él, sino porque le gusta la "ropa nueva" y quería gente de confianza alrededor. Y mientras tanto, según describe un miembro de la cúpula popular, el que está "extraordinariamente tranquilo" ante todo este asunto es Mariano Rajoy, quien hoy clausura la reunión intermunicipal en Almería, y del que se espera que diga algo sobre esta cascada de sospechas de corrupción que le tiene acorralado. El fantasma de Bárcenas ha destapado unas pautas que amenazan derribo. Resta comprobar cuál será la maniobra de Rajoy para espantarlo y sacudirse la tormenta.