Bilbao. El presidente de la Audiencia Nacional, Ángel Juanes, ha enviado una carta al presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, en la que le traslada la preocupación de los jueces y fiscales por la decisión del Ejecutivo del PP de retirar la mayor parte de los escoltas que hasta el momento les protegían. En la misiva, que está firmada también por el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, se incide en la especificidad de la AN como un tribunal dedicado a cuestiones de terrorismo y crimen organizado, por lo que, "con espíritu constructivo", solicita que se valore lo que conlleva la retirada integral de la seguridad.

El Ministerio del Interior anunció el pasado lunes la decisión de retirar desde hoy mismo todos los escoltas que tenían jueces y fiscales del Supremo, el Constitucional y la Audiencia Nacional. En el caso concreto del tribunal presidido por Juanes, la medida afectaba a 250 agentes. Los únicos que conservarán el servicio de seguridad serán el presidente, Ángel Juanes; el presidente de la Sala de lo Penal, Fernando Grande-Marlaska; el fiscal jefe, Javier Zaragoza; el teniente fiscal, Fernando Burgos; y el juez central de Vigilancia Penitenciaria, José Luis Castro. Así, quedarán sin escolta todos los jueces de la Sala de lo Penal y los seis magistrados de Instrucción.

Sin embargo, y aunque la medida adoptada por el Ejecutivo de Rajoy no le afecta a él, Fernando Grande-Marlaska anunció ayer su intención de renunciar a su servicio de seguridad. En una carta mandada al ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, el presidente de la Sala de lo Penal del tribunal español asegura que en materia de seguridad, su situación no difiere del resto de sus compañeros, por lo que renuncia al coche policial y la escolta. Solicita, sin embargo, un coche del parque móvil para las incidencias y reuniones a las que tenga que asistir.

Gobierno vasco En este contexto, el Departamento de Interior del Gobierno vasco aprobó ayer prorrogar el contrato que financia los servicios de escolta de las personas pertenecientes a colectivos amenazados. La partida destinada a mantener el contrato hasta el 31 de diciembre próximo asciende a diez millones de euros.

La protección de personas pertenecientes a colectivos amenazados se ha realizado, por parte del Ministerio y del Departamento de Interior, fundamentalmente a través de la contratación de personal de seguridad privada, lo que ha requerido, en el caso de la Administración vasca, de la aprobación de sucesivos expedientes de contratación, desde el año 2001 hasta la actualidad, para poder costear los servicios de los escoltas adscritos a dichas empresas de seguridad.