BARCELONA. El Parlament lanzó ayer un órdago al Tribunal Constitucional al instar al Alto Tribunal a que se declare incompetente para emitir sentencia sobre el Estatut. Con el apoyo del tripartito -PSC, ERC e ICV- y CiU, la Cámara catalana, con 115 votos a favor y 15 en contra, los del PP y Grupo Mixto, aprobó una resolución por la que pide que el Constitucional se declare incompetente para debatir el Estatut, además de instar a la renovación de cuatro magistrados del Alto Tribunal cuyo mandato expiró en 2007 y solicitar que el Senado estudie una reforma conjunta del TC.

Miquel Iceta, portavoz del PSC, aseguró que lo que está en juego no es sólo el Estatut, sino "una determinada interpretación de la Constitución". Lamentó que el PP trate de apropiársela, e intente causar división en los españoles. Por ello, además de instarles a retirar su recurso contra el texto catalán, les pidió que voten a favor del uso de las lenguas cooficiales en el Senado. "El TC está en una situación anómala, y las instituciones catalanas deben utilizar todos los medios a su alcance para defender el autogobierno. Nosotros creemos en el Estatut y lo defenderemos siempre", agregó.

ERC, aunque votó afirmativamente a la resolución, se negó a firmarla para su tramitación puesto que, en su opinión, el texto hace un diagnóstico "incorrecto" de la situación, al considerar que habrá un recorte del Estatut. "Lo que está en juego en el TC es si el recorte será bastante, mucho o muchísimo", manifestó Anna Simó, parlamentaria republicana. Sin embargo, Josep Lluís Carod-Rovira, ex líder de ERC, se desmarcó de la decisión de su partido de no firmar la resolución. Según Carod-Rovira, el Estatut "está legalmente vivo", por lo que el Govern tiene la obligación de desplegarlo al máximo.

En las filas de CiU, Francesc Homs defendió la eficacia de cualquier gesto en favor del autogobierno de Catalunya y lamentó la decisión de ERC de no firmar la resolución.

contestación Pese al visto bueno a la resolución por parte de los socialistas catalanes, el vicepresidente tercero del Gobierno español y ministro de Política Territorial, Manuel Chaves, advirtió de que "nadie puede poner en duda que el Tribunal Constitucional es legítimo para dictar una sentencia".

Por su parte, González Pons, vicesecretario general de Comunicación del PP, confirmó la reunión que mantendrán Mariano Rajoy y José Montilla el próximo 6 de mayo, en la que aseguró que el líder popular defenderá que el TC está "legitimado" para adoptar decisiones sobre el Estatut.