madrid. El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu interrogará al ex delegado de frontera y comisario jefe de Irun y al que fuera responsable de las relaciones internacionales de ETA-pm en 1976

acerca de la desaparición del ex dirigente del aparato político militar de la organización armada Eduardo Moreno Bergaretxe, Pertur. Fuentes jurídicas han informado de que el magistrado no ha citado aún al ex comisario Eduardo López de Maturana García y al ex dirigente de la banda Sabin Atxalandabaso Barandika, ya que está a la espera de que la Policía localice sus domicilios para poder hacerles llegar la citación.

Andreu, que abrió esta investigación en noviembre de 2008, tras admitir a trámite una querella de la familia de Pertur, ha adoptado esta decisión a instancias de los querellantes y después de preguntar a la Policía sobre el paradero del activista Miguel Ángel Apalategi, Apala, que fue una de las últimas personas con las que se vio a Moreno Bergaretxe el 23 de julio de 1976. Las Fuerzas de Seguridad no han podido señalar al juez dónde se encuentra Apala en la actualidad, y le han indicado que en la década de los noventa se le situó en Cuba.

El objetivo de los nuevos testimonios es intentar esclarecer qué pudo ocurrirle a Pertur cuando fue visto por última vez en un coche con Apala y el activista Francisco Mujika Garmendia, Pakito, quienes, según la Fiscalía, le secuestraron durante unos días por orden de Antonio Etxebeste, Antxon, para evitar su participación en una asamblea de la organización armada.

Esta es una de las tres hipótesis que barajan los familiares de Moreno Bergaretxe. Sin embargo, a los pocos días de su desaparición, dos organizaciones de signo ultraderechista y con vinculaciones con los cuerpos de seguridad y de inteligencia de la época, el Batallón Vasco Español y la Alianza Apostólica Anticomunista, reivindicaron su secuestro y posterior asesinato. La tercera de las hipótesis se basa en el testimonio que prestó un neofascista, condenado a cadena perpetua en Italia, quien durante un juicio dijo que habían matado a un español en el sur de Francia por orden de los servicios secretos españoles.

28 años de cárcel La Audiencia Nacional, por otra parte, condenó ayer a 28 años de cárcel a Zigor Bravo y Juan Carlos Subijana, por haber proporcionado a ETA la información necesaria para el atentado que en octubre de 2000 acabó con la vida del funcionario de prisiones Máximo Casado en la capital alavesa.