DONOSTIA. El grupo de Alternatiba en las Juntas Generales de Gipuzkoa ha solicitado que la Fiscalía retire la petición de cárcel y de multa para los diez activistas de Greenpeace que se descolgaron de una torre de la central térmica de Pasaia para pedir el cierre de la instalación.
La Fiscalía de Gipuzkoa pidió nueve meses de cárcel y 18.000 euros de multa para cada uno de estos activistas de la organización ecologista que el 27 de marzo de 2007 se encaramaron a la chimenea de la central térmica que la empresa Iberdrola posee en Pasaia y desplegaron varias pancartas pidiendo el cierre de la instalación.
Alternatiba ha calificado esta pena de "absolutamente desproporcionada" ya que, desde su punto de vista, "atenta contra la libertad de expresión, el derecho de manifestación, e incluso el de participación ciudadana", según ha denunciado hoy esta formación en un comunicado.
Por ello, el grupo juntero ha presentado una iniciativa en la que insta al Parlamento foral a solicitar el archivo de las acusaciones y mostrar su solidaridad con los ecologistas encausados.
La Fiscalía considera por su parte que los hechos son constitutivos de un delito de usurpación de bien inmueble, una falta de deslucimiento de bien inmueble, un delito de coacciones y otro de desobediencia grave a agentes de la autoridad, por lo que pide nueve meses de cárcel, nueve días de trabajos en beneficio de la comunidad y multas que suman 18.000 euros para cada uno de los procesados.
El juntero de Alternatiba Jon Lasa ha denunciado la actuación del Ministerio Fiscal contra "quienes buscan concienciar" a los ciudadanos y a los poderes públicos, "desde las acciones no violentas", convencidos de la "necesidad imperiosa de preservar la supervivencia de la humanidad".
