La EKFB pide en Madrid que se retire la propuesta de la licencia única

bilbao - ¿Cuánto pueden valer los datos de 3.200.000 licencias federativas? Mucho, claro. Tanto, seguramente, como para que el Anteproyecto de Ley de Racionalización del Sector Público estatal recoja en un artículo perdido, el 32.4, figurénse, algo así como el trasvase de esa cantidad, que es aproximadamente el número de federados que existe en el Estado, a Madrid, a las federaciones españolas. La nueva ley propone una licencia única válida para todas las competiciones estatales que sustituiría a la que actualmente tramitan las federaciones autonómicas como las de Euskadi, que mueven una cifra cercana a las 210.000 licencias anuales que pasarían a manos de las federaciones españolas. Hasta ahora, salvo en deportes como el tenis, el golf o la vela, las licencias vascas solo se homologaban en la española en casos puntuales en los que el deportista salía fuera a competir. La reforma hace imprescindible y única la licencia española y elimina todas las demás.

Contra eso lucha la Unión de Federaciones Vascas (EKFB) junto a las federaciones catalanas, valencianas, gallegas, andaluzas y aragonesas, unidas todas en una plataforma que ha reclamado estos días en Madrid la retirada de la propuesta del Gobierno de Mariano Rajoy, al que se han dirigido por carta para expresar su absoluto rechazo a una medida que "invade las competencias estatutarias de las comunidades autonómicas", con lo que el asunto, de salir la Ley adelante, podría acabar en el Constitucional.

En el escrito, las federaciones que se rebelan contra la reforma afean al Gobierno español el hecho de que "no nos hayan concedido audiencia con carácter previo a que el Consejo de Ministros apruebe la modificación", a la vez que lamentan que no se hayan tenido en cuenta las consecuencias que puede acarrear y que recogen informes jurídicos y económicos elaborados en distintas autonomías y que tienen un denominador común: "Las nefastas consecuencias que tendrá para el deporte base".

Consideran las federaciones que la propuesta supone una evasión del movimiento federado por el encarecimiento de una licencia que autoriza a tomar parte en las pruebas del Estado cuando esa posibilidad solo la explota una pequeña parte de federados y que rara vez se da en el deporte base, que se mueve en el límite territorial.

Pero su repercusión va más allá. Sostiene María Tato, abogada de la plataforma que aglutina a las federaciones, que la reforma ataca dos puntos vitales del entramado federativo: la primera, tiene que ver con el trasvase de todos los datos de las licencias, "algo que ni siquiera sabemos si estamos legitimados a hacer por la ley de privacidad"; la segunda, con el aspecto económico, ya que la propiedad de las licencias atrae también a patrocinadores, así como la gestión de los seguros, cuyos beneficios pasarían a manos de las federaciones españolas.

El PNV logró el miércoles un acuerdo con el PP para que la reforma se haga "desde el respeto a las competencias que ostentan las Comunidades Autónomas y recabando el consenso de las federaciones deportivas autonómicas". Mientras, las federaciones autonómicas exigen a Rajoy "la exclusión" del Proyecto de Ley del artículo 32.4 que les perjudicaría en la misma medida que beneficiaría a las federaciones españolas, que se adueñarían de esas 3.200.000 licencias. ¿Cuánto vale eso? Mucho.