TODO estado es una estructura de poder. Su derecho interno está hecho para encauzar ese poder, y en regímenes democráticos, el derecho impone una serie de limitaciones a ese poder y garantías para la ciudadanía. Evidentemente ningún sistema es perfecto, pero es el sistema menos imperfecto que la humanidad ha encontrado hasta ahora.
Imagínense ustedes que un acusado es llevado ante un tribunal y éste, pendiente de estudiar a fondo el caso y dictar sentencia, ordena una serie de medidas cautelares. Y que el acusado responde que no piensa hacer caso ni a las actuales medidas cautelares ni a la posible sentencia que dicte el tribunal porque no está de acuerdo con las leyes sobre las que se basa dicho tribunal. Se trataría de una situación absurda, por no decir que ridícula en lo práctico.
Pues ese defecto lo tiene todo el derecho internacional en su conjunto. Los estados son soberanos y en base a esa soberanía, no sólo no están obligados a firmar tratados, sino que incluso pueden firmarlos con reservas, es decir, diciendo que firma todo el tratado menos los artículos 14 a 25 con los que está en desacuerdo.
Cabe preguntarse por qué solamente hemos podido llegar hasta tan bajo nivel de justicia internacional. Simplificando por motivos de espacio, cabe decir que los primeros intentos de justicia universal se producen tras la Segunda Guerra Mundial, con los Juicios de Nuremberg y de Tokio. Si bien fueron positivos porque sentaron las bases de lo hoy llamamos crímenes contra la paz, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, no dejó de ser justicia de vencedores. Con esto no pretendo en forma alguna justificar el nazismo o el militarismo japonés ni decir que en Nuremberg y Tokio no se juzgaran hechos que no ocurrieron. Lo que sí digo es que los aliados también bombardearon indiscriminadamente a civiles no combatientes y no fueron juzgados por ello. Y es desde entonces que el bombardeo indiscriminado de civiles no combatientes se ha cuestionado seriamente. Antes sólo era un acto de guerra más. Tampoco el genocidio entonces era considerado un crimen diferente, sino que estaba considerado como un crimen de guerra más. La Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio es posterior, de 1948, y es a partir de entonces que adquiere carta de naturaleza como delito independiente.
El pasado viernes 26 de enero, la Corte Internacional de Justicia en La Haya ordenó a Israel que tomase medidas para impedir un genocidio en Gaza. Muchos titulares aseveraban que esquivó exigir el alto al fuego por la que toda persona con un mínimo de sentido de la humanidad clama desde hace tiempo. Cierto es que la Corte esquivó utilizar ese término, pero también es igualmente cierto que ordenaba que el Estado de Israel garantizara con efecto inmediato que sus militares no mataran a miembros de un grupo étnico (en este caso los palestinos) ni les causaran daños corporales o mentales graves. También debía asimismo abstenerse de infligir a los palestinos condiciones de vida calculadas para producir la destrucción física total o parcial de los mismos. Israel debe tomar medidas asimismo para garantizar el acceso humanitario a Gaza, e impedir cualquier destrucción de pruebas que puedan utilizarse en un caso de genocidio. Debe asimismo prevenir y castigar cualquier comentario público que pueda considerarse incitación a cometer genocidio en Gaza.
Creo que se entiende claramente que se trataba de una orden clara de detener las operaciones militares contra la población civil no combatiente con carácter inmediato, por mucho que no se utilizara el término “alto el fuego”.
La Corte estipuló en su fallo que el Estado de Israel debe presentar un informe al Tribunal sobre todas las medidas adoptadas para dar efecto a las órdenes del mismo en el plazo de un mes, o sea, para el 26 de febrero. Veremos qué hace Israel entonces.
Los tribunales internacionales no tienen los mecanismos que tiene un tribunal nacional para hacer cumplir sus sentencias, pero sí otros. Ha ocurrido, por ejemplo, en los casos de la ex Yugoslavia, en Ruanda y Burundi, y, en menor medida, pero también, en Sudán. Milosevic compareció ante el Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia por sus crímenes, aunque falleció en la cárcel antes de que concluyera el juicio.
Poco después del anuncio de estas medidas cautelares de la Corte Internacional de Justicia, Israel acusa a una docena de empleados de Urnwa, la agencia humanitaria de Naciones Unidas, de participar en los ataques del 7 de octubre. Urnwa es la agencia de la que depende literalmente la vida de buena parte de los palestinos. Varios países suspenden sus contribuciones a esa agencia, hasta el punto de poder rendirla prácticamente inoperante. Y todo ello a pesar de las medidas inmediatas y vigorosas tomadas por la propia agencia que, para empezar, ya ha despedido a los acusados. Diversas fuentes israelíes llevan tiempo afirmando que para vencer en Gaza es necesario rendir inoperante –cuando no destruir– a Urnwa. Otra desproporción más, puesto que suspender la ayuda a refugiados por delitos presuntamente cometidos –y aún no probados– por una docena de los casi 30.000 empleados de la agencia claramente pone en riesgo la supervivencia de buena parte de los palestinos.
Resulta chocante el doble rasero que aplican algunos países. Según medios británicos, hace poco, ante la misma Corte Internacional de Justicia, el Reino Unido presentó argumentos jurídicos en apoyo de la denuncia presentada en su día por Gambia de que Myanmar había cometido genocidio contra la etnia rohinyá mediante el maltrato masivo de niños y la privación sistemática a la población de sus hogares y alimentos. El silencio del Reino Unido en este aspecto respecto a Palestina es ensordecedor. Y está entre los países que suspenden su financiación a Urnwa.
Aunque ello no formaba parte de la demanda presentada por Sudáfrica, el tribunal también expresó su grave preocupación por la suerte de los rehenes retenidos por Hamás y solicitó su inmediata –y por tanto incondicional– puesta en libertad.
No hay nadie bueno en ninguna guerra, pero en esta, eso queda meridianamente claro. Hamás en un reciente comunicado decía que en su ataque del 7 de octubre pudieron cometer “algún error”, pero que consideraba que no había atentado contra civiles al haber un servicio militar en Israel en el que participan todos los hombres y mujeres israelíes a los 18 años y que, una vez concluido, se llevan a casa el fusil por si son llamados a filas de nuevo, lo cual hacía que se trataba de militares. Pues bien, el derecho internacional humanitario no distingue entre militares y civiles, sino entre combatientes y no combatientes, se trate de civiles o militares. El ataque de Hamás por tanto también fue una acción intolerable. Las condiciones de vida de los palestinos y la violencia y discriminación a los que se les somete desde hace años en la ocupación de su tierra podrá explicar en los libros de historia el ataque del 7 de octubre que produjo 1200 muertes, junto con las personas heridas y las capturadas como rehenes –cifras todas ellas mayoritariamente de civiles no combatientes–, pero esa explicación jamás podrá ser una justificación. De la misma manera, tampoco puede justificarse la reacción de Israel a tal ataque, enormemente desproporcionada, que va camino de cobrarse 30.000 muertes, en su mayoría de mujeres, niños y niñas igual de no combatientes. Tampoco puede justificar que, además, se deje a la práctica totalidad de la población de Gaza sin refugio ni sustento de vida.
La verdad es que no acierto a ver mucha diferencia moral entre los contendientes. Al final, los masacrados son siempre los mismos, la parte más débil: la población civil no combatiente. Y sí que hay una desproporción manifiesta. Y los países que apoyan a uno o a otro contendiente tienen su parte alícuota de responsabilidad.
Me parece que Israel podrá ganar la guerra, pero ya ha perdido la paz. La opinión pública mayoritaria tiene muy clara la desproporción y la permanencia en el tiempo de lo intolerable. Y va a ser extremadamente difícil que se pueda revertir el horror que sentimos la mayor parte de la humanidad bien informada.
Y o modificamos el sistema de justicia internacional de forma que de verdad pueda castigar a culpables de horrendas violaciones de derechos humanos, independientemente de a qué estado u organización pertenezcan, o vamos por muy mal camino.
Activista por los Derechos Humanos
