LA nueva política llegó con la primavera del 2011, hija de la crisis económica y las políticas austericidas impulsadas por la troika europea y la ineptitud e insensibilidad social del PP. Surge con las manifestaciones convocadas por un grupo hasta entonces desconocido, Democracia Real ya!, en diversas ciudades para el 15 de mayo bajo el lema “no somos mercancías en manos de políticos y banqueros” y en protesta por el paro, la crisis económica, los desahucios y la falta de viviendas sociales, las prácticas usureras de los bancos, una legislación laboral injusta, la corrupción política, el bipartidismo, la ausencia de futuro para los jóvenes; y a favor de una democracia representativa, directa, nueva y digna, porque, como había avanzado el excombatiente de la resistencia francesa y activista político Stéphane Hessel en 2010, aquella era una revuelta por la dignidad. Las manifestaciones derivaron en acampadas en la plaza del Arriaga en Bilbao, la Puerta del Sol de Madrid, la plaza de Catalunya en Barcelona y así hasta en cincuenta ciudades más.
Los aires de renovación no tuvieron todavía expresión política en las elecciones de noviembre de aquel 2011, cuando el PP de Mariano Rajoy desbancó al PSOE del gobierno. Pero sí que alarmaron a los poderes fácticos económicos y mediáticos, que decidieron contrarrestar el posible auge futuro de los herederos del 15-M y para ello decidieron promocionar un pequeño grupo ultraliberal, nacionalista y supremacista (español por supuesto) que había surgido en 2005 en Catalunya en contra de la inmersión lingüística y de la lengua catalana. El populismo españolista de Ciudadanos era el contrapunto para neutralizar el empoderamiento político de la ciudadanía que proponían Podemos y las organizaciones afines.
La crisis del bipartidismo se manifiesta en las elecciones del 2015, cuando PP y PSOE pierden 63 y 20 diputados respecto al 2011 y C’s y Podemos (y sus confluencias) obtienen representación parlamentaria con 40 y 69 diputados respectivamente, mientras en Catalunya, también por primera vez, ERC (9 escaños) supera a CiU (8 escaños).
En Cataluña los cambios más importantes y la crisis de la nueva política se dan entre 2015 y 2019 al compás del proceso abierto por el referéndum del 1 de octubre de 2017 y la represión policial y jurídica del Estado español. Así, los resultados de las elecciones al Parlament de Catalunya del 21 de diciembre de 2017, convocadas bajo los efectos del artículo 155 de la Constitución, y los de las elecciones de 2019 no pueden leerse prescindiendo de la situación de excepcionalidad provocada por la existencia de presos políticos, por el derribo controlado de CDC por Carles Puigdemont y por la pugna soterrada por la hegemonía independentista entre ERC y JxCat, la nueva formación política del president exiliado.
Bajo el peso del artículo 155, con la Generalitat y las instituciones catalanas intervenidas y políticos independentistas cesados y en prisión provisional, C’s fue el partido más votado en 2017 (1.102.099 votos) a costa del hundimiento del PP (184.108) y unos resultados discretos, pero al alza, del PSC (602.969). En conjunto, las tres fuerzas políticas que habían apoyado el 155 obtuvieron, pues, el 43,3% de los votos, mientras los partidos independentistas revalidaban la mayoría parlamentaria con el 47,3% de los votos (JxCat, 940.602 votos; ERC, 929.407; y la CUP, 193.352) y 70 escaños (sobre 135), mientras la marca catalana de Podemos, CeCP, con el 7,4% de los votos (323.695) quedaba muy lejos del máximo obtenido en las legislativas de 2015 y 2016 cuando, con Xavier Domènech, fue la fuerza más votada.
Las elecciones de diciembre de 2017 reafirmaron, como viene sucediendo desde 1977, el carácter diferencial de Catalunya -y Euskadi- que se traduce en una mayoría catalanista -independentista desde 2015- y de izquierdas. Suponen también la práctica desaparición del PP y el techo de C’s en Catalunya, donde desde entonces y tras la desbandada de sus principales dirigentes hacia Madrid u otros lugares de España no ha hecho más que disminuir en representación. Al mismo tiempo, la CUP parece afectada por un liderazgo y una política de alianzas errática, mientras la hegemonía independentista se decanta a favor de ERC en la medida que la necesidad de salir de la parálisis política institucional y el juicio al independentismo en el Tribunal Supremo revalorizaban la figura de los presos políticos.
Así, en las elecciones legislativas de abril, por primera vez, se impuso una opción independentista, ERC, con el 24,5% de los votos (1.015.355), seguida del PSC, 23,1%. Mucho más lejos se situaron ECP, 14,8% de los votos, JxCat, 12,0% y C’s, 11,5%. Las elecciones europeas y municipales del 26 de mayo confirmaban la hegemonía y la dualidad del voto independentista y la recuperación socialista.
En Europa, JxCat jugó la baza de presentar como cabeza de lista al president Puigdemont aún a sabiendas de que el gobierno español impediría la obtención del acta, lo que agudizaría las contradicciones de la democracia española ante los ojos de Europa. ERC, que concurría en coalición con Euskal Herria Bildu y el Bloque Nacionalista Galego, encabezó la lista con Oriol Junqueras. Entre las dos listas obtuvieron el 49,5% de los votos emitidos en Catalunya por el 22,1% de PSC y el descalabro notorio de C’s, Podemos y PP.
Y, finalmente, en las municipales las tendencias son mucho más nítidas: ERC, 23,2% de los votos; PSC, 21,6%; JxCat, 16,2%. El resto de las fuerzas políticas obtienen porcentajes inferiores al 10%. Como en casi todas partes, la proclamación de alcaldes da lugar a alianzas cruzadas que sólo se explican a nivel local. Solo en las grandes ciudades parece que debería imponerse una cierta lógica política por el factor añadido de representatividad que ostentan. En Barcelona, ERC con Ernest Maragall, hermano del alcalde más carismático y querido que ha tenido la ciudad desde 1979, es la fuerza más votada y obtiene diez regidores, seguida de cerca -menos de cinco mil votos de diferencia- por el partido de Ada Colau también con diez regidores. En tercer lugar, el PSC, con ocho. Seguían, con 6 y 5, C’s, la plataforma liderada por el primer ministro francés Manuel Valls, y JxCat. Para ser alcalde se precisa ser la lista más votada o una mayoría absoluta de 21 regidores.
A las cinco de la tarde del sábado 15 de junio, daba comienzo la proclamación de regidores y la elección de alcalde en el Ayuntamiento de Barcelona. La plaza de Sant Jaume llena de manifestantes que piden a En Comú Podem que respete la lista más votada y gobierne con ERC. Claro que es legítimo que la suma de la segunda, la tercera y la cuarta fuerza política desbanquen a la primera, pero no parece éticamente coherente que los representantes de lo que en su día se denominó la nueva política y los ayuntamientos del cambio se hagan con la alcaldía de Barcelona con los votos de la derecha más rancia y representativa de aquello que siempre tanto han criticado, los poderes fácticos de la banca y del mundo de los negocios. Aplausos y gritos de “libertad presos políticos” cuando Joaquim Forn -de JxCat- toma posesión como regidor (posteriormente debe volver a la cárcel de Soto del Real) y gritos de “con Valls no”. Todo es inútil, perdido Madrid y desaparecidos en muchos municipios, a Podemos sólo le queda Cádiz, Valencia y Barcelona. La suerte está echada y, a pesar de las protestas, Colau es investida alcaldesa por 21 votos a favor contra los 15 de Maragall. La nueva política tenía fecha de caducidad.
