RECUÉRDESE que tras las elecciones de 2015 no fue posible la formación de gobierno alguno, lo que condujo a unos nuevos comicios seis meses más tarde; y que, una vez realizados estos, transcurrieron más de cuatro meses hasta que (en noviembre de 2016) se pudo formar un nuevo gobierno que, debido a la debilidad de sus apoyos parlamentarios, tuvo amenazada su continuidad desde el primer momento y, finalmente, cayó como consecuencia de una moción de censura cuando tan solo habían transcurrido siete meses. Un periodo similar al que, por los mismos motivos de debilidad parlamentaria, ha transcurrido desde la formación del actual gobierno (junio 2018) hasta que, como consecuencia del rechazo a los Presupuestos se decidió, hace más de un mes, la disolución de las Cámaras.
Con estos precedentes de una legislatura abortada, otra interrumpida prematuramente y dos gobiernos sietemesinos, los problemas que se plantean ahora, ante la próxima cita con las urnas el 28-A, no varían sustancialmente en relación con los ya planteados tras las dos últimas elecciones. En particular, por lo que se refiere a las dificultades para formar gobierno y, en el caso de que se consiga, para garantizar su continuidad a lo largo de la próxima legislatura. Y ello porque, dada la aritmética parlamentaria que todas las previsiones demoscópicas nos vienen ofreciendo, persisten los mismos problemas, o quizá mayores (habrá que ver los resultados electorales pero las previsiones apuntan en esa dirección) para conformar unas mayorías parlamentarias suficientes; que, no se olvide, es el elemento clave, al menos en un sistema parlamentario como es nuestro caso, para garantizar la estabilidad institucional.
El mapa político que se prevé tras las próximas elecciones -que viene experimentando importantes transformaciones durante este último periodo y que a día de hoy no está cerrado definitivamente- nos sitúa ante un escenario nuevo, muy distinto al que hemos conocido hasta el inicio (a partir de 2014-15) de este último ciclo electoral. Si hasta ese momento se podía hablar de un “bipartidismo imperfecto”, articulado básicamente en torno al PSOE y PP, con PCE/IU como tercer componente minoritario del sistema de partidos (otras formaciones como CDS o UPyD? no pasaron de tener una presencia efímera), en estos últimos años parece que se está configurando un sistema de partidos inédito que, a falta de otra definición más precisa y tomando prestado para el caso el léxico político italiano, podría ser caracterizado como una especie de “pentapartito parlamentario”; lo que, de entrada, tiene como primer efecto el de complicar más aún la consecución de mayorías parlamentarias estables
Este esquema partidario no es, sin embargo, de aplicación general y uniforme; en particular, en Catalunya y en Euskadi, donde el mapa político difiere en buena medida del estatal. En Catalunya, que siempre ha tenido un sistema de partidos propio, no coincidente con el existente a escala estatal, el problema en este momento más que de mayorías parlamentarias para sostener al gobierno es, ante todo, saber cómo va a evolucionar el procés que, por el momento, ya ha ocasionado el estallido de la que ha sido, durante casi cuatro décadas, la principal formación política catalana. Y, a la vista de la incierta deriva que está siguiendo la política catalana y de las sorpresas, nada descartables, que todavía pueda depararnos el desarrollo del procés, resultaría aventurado hacer predicciones sobre los cambios que puedan producirse en el mapa político catalán, que previsiblemente van a producirse.
Distinta es la situación en Euskadi, que al igual que Catalunya ha contado siempre con un mapa político que tampoco coincide enteramente con el existente a escala estatal, aunque en el momento actual la situación difiere sensiblemente de la que se da en la Catalunya del procés. En nuestro caso, los cambios sobrevenidos en el sistema de partidos han supuesto la introducción de nuevos elementos -el más destacable, hasta ahora, la irrupción de Elkarrekin Podemos- pero no se ha quebrado ni se ha alterado radicalmente el sistema de partidos existente con anterioridad, que ha seguido manteniendo sus elementos estructurales básicos. De todas formas, es preciso advertir que, independientemente de este dato, el mapa político vasco dista mucho de estar cerrado definitivamente en el momento actual.
En cualquier caso, y por lo que se refiere al tema que nos ocupa, relativo a las dificultades para garantizar el funcionamiento institucional en el nuevo escenario político resultante de las últimas elecciones (y previsiblemente también de las próximas), la primera constatación que es preciso realizar es la necesidad de encontrar otros criterios, distintos a los empleados hasta ahora, en la conformación del gobierno y en las relaciones de este con el Parlamento. Nuevos criterios que, dado el proceso de reconfiguración del mapa político en clave multipartita (pentapartita previsiblemente en el Congreso, a lo que es preciso añadir los partidos nacionalistas), solo pueden pasar por la articulación de acuerdos plurales, que pueden ser diversos según los temas de que se trate, entre las formaciones políticas que muestren disposición.
No cabe ocultar las dificultades que comporta la consecución de estos acuerdos plurales, tanto por lo que se refiere a las derivadas de la composición multipartita de las nuevas Cámaras como, sobre todo, las que van a surgir en relación con la formación del gobierno y su continuidad a lo largo de la legislatura. En primer lugar, por la falta de experiencia y de precedentes en este terreno ya que hasta ahora, al menos por lo que respecta al Ejecutivo central, no han existido en ningún momento acuerdos de gobierno de ningún tipo, en contraste con lo que viene siendo habitual en la mayoría de los países europeos. Y también, asimismo, por las dificultades objetivas que entraña la confección y materialización efectiva de acuerdos que sean viables y realmente operativos -no mera retórica política- aptos para poder desarrollar una acción de gobierno, y también una actividad legislativa, coherentes durante toda la legislatura.
En este contexto multipartito, la cuestión clave a abordar no es otra que la de determinar cuáles pueden ser las bases programáticas sobre las que asentar los acuerdos políticos que necesariamente (hay que insistir en ello) van a tener que darse para poder gobernar y también para poder legislar. Es esta una tarea que resulta ineludible en el contexto político actual, muy distinto al del bipartidismo imperfecto que ha existido hasta fechas recientes; y ello a pesar de que no haya merecido hasta ahora la debida atención por parte de los principales protagonistas del embrollado proceso político actual, en el que las trifulcas partidistas, ajenas por completo la mayoría de las veces a las cuestiones claves de nuestra sociedad pero muy aptas para animar el cotarro mediático, son las que predominan ampliamente en el entretenido girigay político con que se nos viene obsequiando constantemente en sesión continua.
Conviene ser conscientes, para finalizar, de que la falta de acuerdos, de gobierno o de legislatura, no deja de tener efectos. El primero, que nos coloca en una situación de impasse institucional que, en principio, nunca es buena. Pero el principal problema es que, en las circunstancias que concurren, tras las dos últimas, y breves, experiencias de legislatura y de gobierno, existe el riesgo real de que el impasse nos aboque a un bloqueo institucional en toda regla cuya salida puede ser bastante problemática. Es sabido que toda situación que puede empeorar, acaba haciéndolo? si se dan las condiciones para ello (que se dan); y si no se ponen los medios adecuados para evitarlo, que no solo no parece que se estén poniendo sino que, a juzgar por muchas de las actuaciones que se están dando, más bien parece que no faltan quienes están empeñados en transitar por el camino que inevitablemente conduce al bloqueo institucional. No estaría de más tratar de reorientar esta peligrosa deriva antes de que sea demasiado tarde.
