El 0,25% es solo parte del problema
LO bueno de las movilizaciones sociales, además del evidente efecto presión, es el de la visualización. De la misma manera que algunos y algunas comunicadoras al hilo de las movilizaciones del 8 de marzo se dieron cuenta de que existe una evidente desigualdad entre hombres y mujeres, y que la reivindicación feminista además de legítima está llena de razón, las movilizaciones de las pensionistas han puesto de manifiesto para quien lo ignorara que hay millones de personas que malviven con pensiones de miseria.
Pero ojo, que nadie se equivoque, porque en los alegres años de principio de siglo, o en los años duros de la crisis en los que las mareas sanitarias y educativas y los movimientos anti desahucios llenaban las calles, también había millones de personas que malvivían con esas pensiones. Es más, cuando mucha gente en Euskadi exige la derogación de la Renta de Garantía de Ingresos, porque, por lo visto, es un recurso para vagos y maleantes, extranjeros, además, añadiría con gusto algún “cuñado”, ignora que una parte importante de fondos de la famosa renta van dirigidos, precisamente, a complementar pensiones públicas de miseria.
Es más, aunque el Partido Popular y su socio Ciudadanos decidieran, en un gesto que tendría mucho más de electoral que de otra cosa, incrementar todas las pensiones en justa correspondencia con el IPC, probablemente conseguirían vaciar las calles de pensionistas pero, para quien recibe 485 euros al mes, pasar a recibir 492 no le va a sacar de pobre.
Porque el problema de las pensiones no es que este año, que también, la subida se haya limitado al 0,25%. El verdadero problema de las pensiones públicas es que, sin grandes cambios estructurales, no pueden subsistir, y ello, principalmente por dos razones: el aumento de la esperanza de vida, y la precarización del mercado de trabajo.
Si el sistema público de pensiones se tiene que seguir autofinanciando (incluidas pensiones no contributivas y los correspondientes gastos de administración), o bien la gente percibe pensiones durante menos tiempo, o bien quienes las abonan lo hacen en mayor cuantía. Porque, al contrario de lo que ocurre con las pensiones privadas, las cotizaciones a la seguridad social no son un ahorro forzoso que se recuperará en el futuro, sino un descuento para pagar las pensiones de cada momento y un indicador aproximado de lo que nos podría corresponder en el futuro, y digo aproximado, porque las cantidades a percibir están sujetas a los cambios legislativos correspondientes.
Así pues, es el momento de tomar una decisión trascendental y decidir si se va a garantizar un modelo público digno de pensiones o, por el contrario, siguiendo el ejemplo de otros países, a fuerza de bajar impuestos, convertir la pensión pública en una especie de renta de subsistencia mínima y que cada cual se garantice, si puede, de manera privada su pensión.
Si se opta por la segunda opción para mayor regocijo de bancos y aseguradoras, lo están haciendo bien; ahora, si se elige garantizar el sistema público implementando complementos para que algunas personas mayores no tengan que vivir en la cuasi indigencia, habrá que ir a un sistema mixto de cotizaciones e impuestos, sí o sí. Así pues, la siguiente vez que algún candidato tan irresponsable como liberal prometa bajar los impuestos, no olvidemos que, o pagamos las pensiones entre todos y todas, o los 450 euros de pensión que hoy parecen una auténtica miseria, porque lo son, en el futuro pueden pasar a ser el máximo público.