Poderes paranormales
PESE a que vivimos en una época en la que la universalización de la ciencia, la tecnología y la cultura debería llevar a un arrinconamiento de la superstición, parece experimentar un notable auge la creencia en poderes tales como la comunicación con el más allá, la visión remota y la modificación de la materia por medio del pensamiento. Por haber, hay hasta quien cree en la existencia de la separación de poderes en España. Hay gente para todo.
Infinidad de videntes han demostrado un asombroso poder para hablar con los difuntos. Ofrecen a personas que quieren contactar con sus seres queridos línea directa con un padre (o madre, o abuelo) fallecido, que mediante el supuestamente dotado les comunica cosas tales como que les echa terriblemente de menos y que recuerda con cariño aquellas vacaciones tan bonitas o aquel regalo tan especial. Poco importa que las afirmaciones transmitidas por el médium valgan igualmente para el 99% de los occidentales ya que, quien más y quien menos, habrá sido querido por su padre, habrá disfrutado de unas vacaciones o habrá hecho o recibido algún regalo. Los creyentes en estos fenómenos seguirán firmemente convencidos de la veracidad de tan increíbles poderes, aunque cuando se trasladen preguntas concretas al difunto (un nombre, una fecha, un lugar) la respuesta del más allá llegada a través del médium no sea otra que el más sepulcral de los silencios.
La visión remota es también un poder tan inexplicable como impactante. Algunos respetables señores afirman haber sido capaces de viajar con el pensamiento hasta recónditas bases rusas en el Ártico y haber observado documentos secretos escondidos en inexpugnables cajas de seguridad. Sin embargo, si cualquiera se sitúa a unos pocos metros de uno de estos tocados por la varita de la fortuna (pero a sus espaldas) toma papel y lápiz, y escribe una cifra de, digamos, 6 dígitos, el presunto dotado de poderes no será capaz de verla, incluso a tan corta distancia. Obviamente, las explicaciones dadas para argumentar su repentina pérdida de facultades serán variopintas: que los planetas no están alineados, que los focos del estudio de televisión crean un halo de energía que le bloquea o simplemente que ese día no está suficientemente inspirado. Lo único que es seguro es que no acertará y que aún así habrá legiones de personas que seguirán creyendo a pies juntillas en sus poderes.
¿Qué decir de los que afirman gozar de la inexplicable facultad de doblar, como si fuesen de mantequilla, cubiertos o llaves apenas rozándolos? En el 100% de los casos, dichos objetos habrán tenido que estar previamente en su poder y haber sido (o como mínimo podido ser) manipulados: désele a uno de estos célebres dobladores de cucharas una, recién comprada en la ferretería de la esquina. Sus poderes se habrán esfumado como aquellos del remoto visionador: por culpa de los planetas, de las energías o de la pájara inspiracional. Pero pese a eso, los hay (y muchos) que seguirán creyendo en sus poderes.
Un fenómeno, algunos informes Pues bien. Puestos a creer en fenómenos difíciles de verificar, hay una gran cantidad de políticos del PP, del PSOE y de Ciudadanos que afirman que en el Reino de España existe un fenómeno llamado separación de poderes pese a las muchas evidencias que parecen indicar lo contrario. De hecho es la propia Comisión Europea la primera en posicionarse en contra de la existencia de este presunto fenómeno. Según el Cuadro de Indicadores de la Justicia 2017, cerca del 90% de los ciudadanos de países como Dinamarca y Finlandia piensan que la independencia de la justicia en sus países es buena o muy buena. En España, en cambio, cerca del 60% de la población ve dicho nivel de independencia como malo o muy malo. Sólo hay cuatro estados de la Unión Europea donde al menos la mitad de su población percibe que la causa de la falta de independencia judicial es la interferencia o presión del gobierno y la clase política: Croacia, Bulgaria, Eslovaquia y el Reino de España.
Más evidencias en contra de la supuesta existencia de una separación de poderes: el último informe del Foro Económico Mundial publicado el pasado 26 de septiembre, elabora un índice que mide la independencia del sistema judicial de los países del ancho mundo. España se encuentra en la posición 58 de 137 países analizados. Por debajo de China, Arabia Saudí, Egipto, Tayikistán o Indonesia y empatando en puntuación (4,2 sobre 7) con reconocidas democracias como Kenia y Bostwana. Rajoy tendrá que reflexionar si en separación de poderes nos queremos parecer a Finlandia, que encabeza la lista, o a Venezuela, que la cierra.
Pese a tan pésimos resultados, el bloque de la Una, Grande y Libre sigue aferrándose a la existencia del fenómeno. Contra el periodista Jordi Évole, que tuiteó a raíz del encarcelamiento de sus tocayos “de error en error hasta el desastre final”, tronaron: ¡La justicia es independiente! Claro que sí. Igualito de independiente que el país donde el rey emérito se iba a cazar elefantes para matar, también, el tedio de su oficio.
El concepto de división de poderes es ciertamente muy atractivo (como lo es, sin duda, el de la visión remota: lo concurridos que estarán los camerinos de los desfiles de Victoria’s Secret por aquellos que gocen de tales facultades). Básicamente, se busca el imperio de la ley, de manera que la respuesta judicial a una posible infracción sea absolutamente ecuánime, alejada del deseo de aquellos que en ese momento detenten el poder político. Como digo, el concepto es muy atractivo, pero conviene tirar un poco del hilo.
Un poder judicial independiente requerirá necesariamente de personas independientes que lo detenten. Sin embargo, en el Reino de España tanto los miembros del Tribunal Supremo como los del Tribunal Constitucional y el Fiscal General del Estado son elegidos entre una compleja combinación de candidatos del Gobierno, del Parlamento, del Senado y del Consejo General del Poder Judicial. Como quiera que este último es nombrado a partes iguales por Congreso y Senado, una manera justa de definir la situación es que a los que cortan el bacalao judicial los ponen a dedo los que cortan el bacalao político.
La respuesta de Juan Porres Entonces, estos últimos? ¿eligen a los futuros jueces (que llegado el caso habrán de juzgarles a ellos) entre profesionales de indubitada independencia o incluso notoriamente contrarios a sus posicionamientos ideológicos o más bien entre miembros de dicha carrera abiertamente afines a sus postulados y permeables a sus sugerencias? La respuesta a esto me la dio entre risas cuando estudiaba en Deusto el que fue consejero de Justicia del Gobierno vasco, Juan Porres Azkue: “Si PP y PSOE dicen que quieren que el Tribunal Supremo sea independiente? ¿por qué no ponen jueces catalanes y vascos, que no sean ni de los unos ni de los otros?”.
Por si fuese poco esta sospechosa insistencia en poner a dedo a los jueces independientes, el gobierno de Mariano Rajoy, incansable en su búsqueda de la separación de poderes, reformó en octubre de 2015 la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, introduciendo reformas diseñadas específicamente para hacer frente a la crisis catalana que en aquel entonces se veía venir. Pese a que, claro, independientes como son, el gobierno no tuviese garantía alguna de que llegado el caso los jueces del Tribunal Constitucional fuesen a bailar al ritmo que les marcaban desde Génova. Pero lo hicieron. Por supuesto, por pura casualidad.
Podría ser peor... y mucho mejor Ciertamente, podría ser todavía peor. Tampoco puede hacerse nadie la imagen simplista (e injusta) de que todas las decisiones de todos y cada uno de los jueces son dictadas por el poder. Ahí tenemos el caso de los diferentes criterios de Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo ante los mandatarios catalanes.
Pero, ciertamente, podría ser muchísimo mejor. En 1998, el Tribunal Supremo canadiense dictaminó que, si bien Quebec no tenía derecho a la independencia unilateral, si “una clara mayoría” respondía afirmativamente a tal pregunta, el resultado impondría al Gobierno federal la obligación de negociar cambios constitucionales, incluida la posibilidad de una secesión. Unos jueces independientes se dan cuenta de que la presión de la democracia en una parte del Estado puede y debe llevar al todo a plantearse reformas constitucionales que contemplen la posibilidad de solucionar el problema, independientemente de que el Gobierno de Canadá quiera o no quiera adoptar tal medida. Pero, claro, Canadá está en el noveno puesto en independencia judicial, y nosotros estamos al nivel de Botswana.
En lo referente a la crisis catalana, la Justicia del Reino de España ha actuado, con el recientemente fallecido fiscal José Manuel Maza a la cabeza, como el brazo político-judicial del Partido Popular, aplicando postulados cortoplacistas, estrechos de miras y ultranacionalistas españoles: leña al mono, que es de goma. Creer en la separación de poderes en el Reino de España hoy por hoy es como creer en las hadas, los elfos o los dobladores mentales de cucharas.