SOMETIDOS a la vorágine de unos medios de comunicación que, corriendo detrás de la actualidad, dificultan una mínima y necesaria reflexión sobre lo que ocurre en la política, estamos asistiendo a un acuerdo entre el PNV y el PSOE presentado como un pacto fiscal, que puede tener otra trascendencia mucho mayor.
Para analizar los efectos que se pueden derivar del mismo, es necesario, con los límites de esta colaboración en prensa, remitirse a determinados hechos que enmarcan la decisión adoptada. Y así poder valorar si ese acuerdo es una respuesta adecuada a las necesidades políticas y de otra índole que nos acucian.
Al menos tres cuestiones generales son cualitativamente distintas a lo que ha venido ocurriendo en nuestro ámbito durante el siglo XX y principios del XXI. La desaparición de la actividad de ETA ha sido un factor determinante para que se puedan abrir espacios de actuación hasta ahora vedados en la política. La escasa capacidad y voluntad de reacción ante esta decisión por parte del Estado español y de los partidos políticos allí operantes no resta trascendencia al cambio de situación que se ha operado.
La crisis económica ya asentada en el último lustro como crisis sistémica aporta también, en lo que nos ocupa, dos elementos importantes de análisis. Por un lado, los partidos que se turnan en el gobierno de Madrid han acreditado que no tienen capacidad de dirección política. Están sometidos a mandatos que proceden de Alemania vía Bruselas o de EE.UU. vía organismos de control económico internacional. Y responden únicamente a los intereses de los cuatro jinetes del apocalipsis económico: la banca, las constructoras, las eléctricas y las corporaciones multinacionales. Lo explica todo el que los Presupuestos del Estado del año 2014 destinen más dinero a pagar deuda pública que a financiar todos los ministerios del Gobierno.
Pero, por otro lado, se ha puesto de manifiesto que economías mejor estructuradas que las de una España manirrota e ineficaz pueden enfrentar mejor situaciones económicas como las que se están viviendo; que España es un lastre para unidades como Euskal Herria, en la que desde instancias institucionales se presume de ser mejores en la gestión y el reparto de la riqueza y en la calidad de los servicios públicos; y que sería mejor romper amarras para poder enfocar el futuro con otros parámetros de gasto y recaudación, de justicia social y reparto de la riqueza.
El tercer hecho reseñable es el de la evolución de los diferentes movimientos de emancipación nacional que se están dando en Europa. A los acuerdos en Irlanda les sucedió la decisión de los escoceses de votar sobre su futuro político, y el reconocimiento de su derecho por parte del Reino Unido. Y de forma espectacular ha irrumpido el proceso catalán, con una fundamental y extensa base social, que ha determinado los posicionamientos políticos de los diferentes partidos. Pese a la cerrazón congénita de los españoles, ya no se puede tapar y menos ignorar lo que allí está ocurriendo.
Otros hechos a reseñar se refieren a la política más cercana. El PNV detenta el Gobierno de Gasteiz en una minoría absoluta. A ello se añade que las tres diputaciones de la Comunidad Autónoma están gobernadas por tres fuerzas políticas distintas. Y que esto ha colocado a todos los partidos con representación institucional relevante ante la tesitura de lograr acuerdos o vivir en la inseguridad.
Singular es la situación del PSOE. Borrado del gobierno de las cuatro instituciones citadas, arrasado en el Estado, sin liderazgos ni ideas que presentar ni allí ni aquí, se le adivinaba una travesía del desierto dura y larga.
Es en estos contextos en los que se nos anunció un salto cualitativo en la política, un parto de los montes, que iba a sentar las bases de un futuro desde otros presupuestos y con otras potencialidades. Y como describía Esopo, los montes han parido un ratón presentado en esa forma de pacto fiscal, que parece también quiere ser de estabilidad presupuestaria del Gobierno de Lakua.
Es legítimo buscar la estabilidad de un gobierno en minoría. También lo es que un partido abocado a un negro camino se agarre a la posibilidad de adquirir un protagonismo y proyección que no merecía por sus números electorales. Se me dirá que eso es política.
Pero también es legítimo plantearse si ese acuerdo es bueno para nuestro pueblo. A corto y a largo plazo. Porque no se pueden obviar las lógicas consecuencias del mismo.
Fijar un acuerdo que se presenta como de fiscalidad, pero que pretende dar estabilidad a las instituciones de cara al futuro, supone hacerse socio de hecho, por un periodo largo de tiempo, de un partido que no va a permitir, en ningún caso, que se plantee la cuestión de la soberanía.
No se trata de diseñar el propio camino hacia la autodeterminación, como se ha planteado desde el PNV. Está en cuestión la dependencia generada respecto de una opción política que no va a permitir recorrer camino alguno. Y no digamos nada si se suma a ese acuerdo el PP.
Trabajar por la recuperación del tejido económico, por la mejora de la economía, no debiera ser incompatible con desarrollar una vía política hacia la soberanía. Si de verdad se opta por ello. Pero esto no se deduce de ese pacto que se ha presentado. So pretexto de la situación actual de crisis, se ha generado un marco de actuación futura que anula las posibilidades de desarrollar cualquier vía autodeterminista.
Si esto ocurre en un momento en el que se conjugan los tres hechos citados, destacando la corriente en marcha en Cataluña, es decir, dentro del propio Estado español, es evidente que se está perdiendo un tren histórico que no sabemos si va a pasar de nuevo ante nosotros.
Salimos de un largo periodo en el cual la confrontación política ha estado marcada y condicionada por un enfrentamiento armado. La identificación de este pueblo con su propia identidad, el desarrollo de sus señas diferenciales, su apuesta por ser sujeto político, se han visto mediatizadas dentro y fuera de sus fronteras por un conflicto que ha generado tremendo daño y dolor. Superada esa fase, no se puede parar o frenar el trabajo de tantos años con el argumento de discutir el tipo del impuesto de sociedades o la armonización fiscal entre diferentes territorios.
Es muy importante generar medios económicos que permitan sostener unas condiciones de vida que nos han colocado en primera fila en el mundo occidental. Es fundamental trabajar para que se pueda reducir, si no acabar, la lacra del desempleo, que además de miseria individual genera desilusión y desesperanza de cara al futuro en las nuevas y en las viejas generaciones. Es también importante estabilizar unas instituciones que deben ser efectivas en su trabajo al servicio de la ciudadanía. Eso no se discute.
Pero defender el derecho a comer no justifica cambiar la primogenitura por un plato de lentejas. No debe ser incompatible trabajar para que este pueblo decida libremente su futuro con avanzar en la superación de una crisis generada por un mal uso de la economía.
Parece más que dudoso que se pueda caminar hacia la superación de la crisis económica del brazo de un PSOE y un PP que han avalado, mantenido y desarrollado una estrategia al servicio de quienes han generado esa crisis. Lo que es evidente es que van a usar de ese pacto para tratar de frenar cualquier avance de este pueblo hacia la libre decisión de su futuro. Y en esto los intereses de los partidos debieran estar en un segundo plano.