RAJOY y Mas ya se han reunido. El encuentro fue "discreto", o secreto, en principio, aunque los dos gobiernos, a posteriori, confirmaron tanto la celebración como los resultados, esperanzadores para los intereses de Catalunya, según las confirmaciones publicitadas por los dos ejecutivos. Los presidentes habrían acordado elevar el límite del déficit público del Principat para este año y, además, habrían "acercado posturas" sobre la consulta soberanista acordada.
El conseller y profesor de Economía, Andreu Mas Collell, ya había advertido de que las cuentas de 2012 se cerrarían sin cumplir el 1,5% de números rojos pese a los tijeretazos y, efectivamente, llegaron al 1,9%, unas cuantas décimas peor de las previsiones estatales. También ha reiterado que bajar el techo para este año al 0,7 es imposible, en tanto que supondría una reducción cuantitativa de 4.500 millones y con ello la voladura incontrolada de lo esencial en materia de educación, sanidad y atenciones sociales.
Ante la previsión de una prórroga en el plazo europeo para la reducción del déficit estatal, se trata de no reincidir en el acaparamiento de toda la cesión para las cuentas del Estado, como hizo el gobierno del PP en el ejercicio anterior. El ministro Montoro ya había anunciado la posibilidad de aliviar por ese sistema la asfixia económica sobre Catalunya. Además, este año corresponde revisar los términos de la financiación de las comunidades autónomas de régimen común. Pero la relajación del tope de déficit no es más que una parte del desiderátum de la Generalitat y de la mayoría absoluta de grupos parlamentarios que reclaman algo parecido a un Concierto Económico. Empezando por el cumplimiento de los pagos del Estado por el fondo de competitividad y el incumplimiento de las inversiones públicas en el territorio que, según los cálculos más generales, habrían supuesto hasta ahora más de 8.000 millones, casi el doble de lo necesario para no hacer ni un recorte. Falta saber hasta dónde puede llegar el nuevo límite en el desequilibrio de las cuentas y si alcanzará al 1,5% que el Govern considera imprescindible.
En cuanto a la consulta, todavía se ha dicho menos en concreto. La ley catalana que ha de ampararla ya ha entrado en comisión después del trabajo en ponencia sobre el texto ya avanzado y decaído con el fin definitivo de la legislatura. La oposición sigue siendo frontal por parte de los grupos popular y de Ciutadans, mientras persisten las reticencias de la Candidatura de Unitat Popular (CUP), con argumentos contrarios. El objetivo es repetir la aprobación con el número de votos que obtuvo la decisión de convocarla "dentro de la legalidad": 104, equivalente al 77% de los representantes de la ciudadanía. El título de la norma ya incluye el término "no refrendataria", y eso implica, por una parte, que no sea necesario pedir el permiso de los órganos del estado para efectuarla. Por la otra, descarta que sea vinculante.
La ambigüedad de las noticias sobre los supuestos avances y la desconfianza en los cumplimientos por parte estatal, acumulada con las experiencias de los últimos años en el Principat, unidos a los recursos y contrarrecursos acumulados en el Constitucional, y a proyectos anunciados en detrimento del autogobierno vigente -como la ley Wert que desmantelaría el sistema de inmersión lingüística en la educación- están aún muy lejos de aliviar la ola independentista catalana.
La oferta del president a Esquerra (ERC) y a los socialistas (PSC) para que se incorporen a un nuevo tripartito fue rechazada. Los socialistas ponían dos condiciones inaceptables: no solo que la famosa consulta sea "legal" y "acordada" con el Gobierno español, sino que el presidente fuera una persona distinta de Artur Mas. Comparativamente, la exigencia republicana era menor: que se anuncie una fecha y una pregunta concretas para la consulta.
En realidad, ninguno de los dos partidos invitados parece tener la menor intención de compartir el desgaste derivado de la crisis. Eso sí, otra reunión "discreta" en el Parlament, entre los dos suscriptores del actual pacto de gobernabilidad, y el Govern mismo, parecen haber aflojado tensiones, inevitables desde ideologías tan diferentes, entre los socios parlamentarios. Hasta la próxima ocasión en que alguno considere la oportunidad de marcar territorio.
