LA violencia terrorista que hemos soportado ha dejado entre nosotros consecuencias irreparables, tragedias personales que cuesta superar, y ha producido un gran deterioro moral en nuestra sociedad y en nuestra convivencia. Sobre quienes han ejercido esta violencia debe recaer el peso de la ley persiguiendo y juzgando los delitos cometidos; de ahí, la cantidad de personas que se encuentran en prisión. Ya ha desaparecido la violencia de ETA, pero con ella no desaparece la responsabilidad por los delitos cometidos, ni deja de ser exigible ese camino necesario de recorrer que va desde la legitimación de la violencia hasta el reconocimiento de su inutilidad y del daño causado a sus víctimas y a toda la sociedad. Este es un asunto que atañe y que debe preocuparnos a todos porque es fundamental cómo se lleva a cabo ese tránsito, cómo se produce esa vuelta a la sociedad de quienes han asesinado por una violencia de motivación política.

La desaparición de la violencia de ETA nunca podrá suponer una impunidad de los delitos cometidos por sus miembros. En Gesto por la Paz siempre hemos defendido la reinserción como la mejor manera de incorporar a la sociedad a quienes han ejercido el terrorismo o colaborado con él. La reinserción ha de ser uno de los objetivos fundamentales del sistema penitenciario porque es la única forma de que un preso se reintegre en la sociedad renunciando a los métodos utilizados que le han llevado a la prisión y reconociendo el daño causado. No nos engañemos: la reinserción no es ningún camino de rosas para un preso. Tengamos presente que iniciar ese proceso le obliga a responsabilizarse del mal causado y asumir las cruentas consecuencias del mismo. No es ningún premio para ellos, sino un auténtico beneficio para toda la sociedad y un triunfo del sistema penitenciario. Y, es más, supone el mejor certificado de una real deslegitimación de la violencia y de un respaldo a los valores, principios y fundamentos de la democracia.

La política penitenciaria nunca debería haber estado supeditada a la política antiterrorista, como lo ha estado durante décadas. En un momento en el que la amenaza terrorista ha desaparecido, no existe ninguna razón para mantener ese sometimiento. Si bien es verdad que compartimos, como indica la ley, la aplicación individualizada de la política penitenciaria, hay una cuestión en la que defendemos una medida general que anule una política que siempre hemos considerado errónea: el alejamiento de los presos.

Ya en 1994, en plena actividad de ETA, defendimos el acercamiento de los presos y hoy lo volvemos a hacer porque el alejamiento de los presos supone exclusivamente un castigo añadido a sus familiares y amigos. No afecta en absoluto al cumplimiento de la pena y sí penaliza a quienes no han cometido ningún delito: su entorno personal.

Dada la naturaleza y gravedad de los delitos de los que se trata y las graves consecuencias originadas, es necesario que se alcance un amplio consenso social y político acerca de la política penitenciaria. Debemos renunciar a las declaraciones altisonantes y los posicionamientos sin matices, y tener presente que el éxito de la política penitenciaria encaminada a la reinserción del preso, que es el funcionamiento ordinario, constituye, sin lugar a dudas, un triunfo de la sociedad civil y de los valores democráticos sobre la intolerancia y el fanatismo.