Topar (no solo) con la Iglesia
EL asunto del aborto no es baladí. Resulta difícil imaginar que una sola mujer decida interrumpir voluntariamente un embarazo, acción siempre traumática, como quien celebra una fiesta. Tanto como para un hombre ponerse en su lugar y, por consiguiente, formarse una opinión bien fundada al respecto. El último Gobierno Zapatero consiguió que se aprobase en las Cortes una ley de plazos, que reduce la limitación práctica a unos límites marcados dentro del período de gestación, sobre criterios exclusivamente médicos, científicos. Es prácticamente lo mismo que rige en estados occidentales de los que se consideran más avanzados en democracia y en avances hacia la igualdad de género y acaba con la hipocresía del "tercer supuesto" anterior, el de intangibles perjuicios psicológicos para la afectada.
Conocida es la oposición frontal al aborto de la Iglesia católica, de las asociaciones bajo la denominación genérica de provida, que motivaron manifestaciones multitudinarias y declaraciones múltiples. Al cardenal-arzobispo de Barcelona, Lluís Martínez Sistach, le han parecido "insuficientes" hasta las propuestas del actual ministro de Justicia y exalcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, que plantea un retorno a la situación anterior, en base a supuestos concretos y no al calendario.
Gallardón gozaba de bastantes simpatías nacionalistas, especialmente en Catalunya, se intuye que por contraste y oposición con la presidenta de su comunidad autónoma, Esperanza Aguirre, y también por la promoción de buenas relaciones desde la capital del reino. Eso no quita para que sea tan marcadamente conservador en asuntos que los clásicos llaman "morales" y que otros consideran simples e inaceptables intromisiones que condicionan aspectos íntimos de la vida privada de las personas. También radicalmente opuesto a los matrimonios homosexuales, no se ha atrevido a ir más allá de la espera de la sentencia del Tribunal Constitucional, consecuente al recurso en contra que ya hace tiempo presentó el PP.
El aborto se ha convertido, con el paso de Gallardón y por las condiciones políticas en otros países, en una cuestión trascendental, pero cada vez más exclusiva de la condición femenina y la decisión de cada mujer, a otra de Estado. El argumento de que existen grandes presiones sociales sobre la mujer embarazada para que renuncie a la maternidad es tan injusto como toda generalización. Si bien es cierto -a la vez que comprensible- sobre todo en el caso de adolescentes por parte de su entorno, resulta exagerado pensar que todas, ni la mayoría, de las decisiones abortistas, sean forzadas o inducidas.
Decíamos que este asunto es, en algunas latitudes, razón de estado, sobre todo cuando Estado e Iglesia (cualquier Iglesia, pero sobre todo la católica) van de la mano. Pasa en cierta medida en Portugal, en Irlanda, pero sobre todo más cerca, en el Principado de Andorra, donde la despenalización regulada de esta práctica topa con la figura del Copríncipe Episcopal (nato), que es el obispo de la Seu d'Urgell, jefe de Estado conjunto con el presidente de la República francesa. Desde que se gestó y aprobó la actual Constitución de 1993, con monseñor Joan Martí y François Miterrand de avalistas, el propio Martí, y ahora su sucesor, Joan Enric Vives, no se han cansado de repetir que la despenalización del aborto en Andorra sería incompatible con su mantenimiento del cargo, insólito en la Iglesia católica, donde solo hay otro jefe de un Estado, el del Vaticano.
De forma reiterada, mujeres y hombres de la izquierda vuelven a proponer y promover la despenalización. A la vez, han empezado a surgir ya movimientos republicanos en este otro Principado. Pero no solo la tradición juega a la contra. También el cambio radical de sistema político implicaría peligros en las relaciones internacionales, al menos hasta que el país de los Pirineos culmine su proceso iniciado de encaje en el ámbito de la UE.
Entre tanto, la hipocresía se aplica en estos casos como en el de la prostitución (también penalizada e inexistente en tierra andorrana). Cada año, la Generalitat publica la abundante cifra de andorranas que abortan en Catalunya. En Francia no hacen pública la estadística. Al fin y al cabo, ya no tienen que ir a Londres, como las españolas de hace (no tantas) décadas.