EL día 21 de febrero se llegaba en el Congreso de Diputados a un acuerdo entre los representantes de todos los grupos políticos, con excepción de UPyD y Amaiur. Fue considerado importante en orden a lograr definitivamente la solución del problema de la existencia de ETA. Aunque el escrito aprobado intentaba impedir que prosperara el objetivo de UPyD, de ilegalizar a Bildu y Amaiur, resultó ser el cumplimiento de un deseo, que venía ya manifestándose desde diversas instancias políticas, de contar con un consenso en el que apoyarse para llegar al final de ETA.

Posteriormente, el día 8 de marzo, tuvo lugar la intervención del lehendakari Patxi López en el pleno del Parlamento Vasco, con la denominación de Propuesta para un nuevo tiempo: Memoria y convivencia democrática, con el fin de "poner las bases de una nueva sociedad sustentada sobre valores éticos y democráticos de tolerancia, libertad, pluralidad, memoria y justicia", en línea con el acuerdo mayoritario del Congreso de los Diputados. "Un acuerdo simple -decía el lehendakari- pero que es semilla de la unidad que debemos buscar para recorrer este nuevo tiempo". Es importante subrayar el carácter "mayoritario" del acuerdo del Congreso de Diputados y la intención de llamada a "la unidad que debemos buscar para recorrer este nuevo tiempo", señalados en su intervención.

Desde esta perspectiva, el intento resultó ser un "fracaso" según la opinión extendida de los medios de comunicación. Posteriormente se trató de suavizar este juicio, mediante el intento de atribuir a ciertas circunstancias accidentales el rechazo a la voluntad de constituir un foro parlamentario para gestionar el fin de ETA. Deficiencias que se superarían en un próximo encuentro, de acuerdo con los objetivos fundamentales pretendidos por dicha intervención.

No deja de sorprender el hecho de que a la euforia manifestada en el acuerdo alcanzado en Madrid, sucediera el desinfle por el encuentro de Gasteiz. Un encuentro que originariamente se presentaba como una realización "autorizada" en la línea del acuerdo de Madrid. Cabe preguntarse si lo sucedido en el Parlamento Vasco es un episodio más, al que no hay que dar mayor importancia o si, por el contrario, es la manifestación de otra cuestión más profunda a analizar. Sería la relativa a la actuación conjunta de las diferentes sensibilidades políticas, sin excluir a la izquierda abertzale, en la solución definitiva del problema que sigue siendo ETA. Un tema que exige planteamientos, análisis y compromisos más firmes y meditados que han de ser asumidos por todos los que queremos la paz.

Esto supuesto, lo primero que hay que decir como constatación incuestionable es que la paz debe ser planteada como una cuestión de Estado y no de partidos. Aunque evidentemente habrá de afectar a todos ellos. Y siendo la paz de todos, debe realizarse entre todos, excluyendo toda misión profética de ninguno de ellos, que pueda sentirse llamado a hacerla para bien de todos. Lo que arrastraría consigo el riesgo inevitable de que sería su paz la que habría de imponerse a todos.

La realidad es que no todos pensamos igual en relación con el camino a seguir para hacer la paz tan deseada por todos. Es también cierto que ni siquiera respecto al objetivo perseguido cuando decimos querer la paz pensamos todos en lo mismo. En democracia se debe aceptar la legitimidad de tales posicionamientos diferentes de carácter político o de otra naturaleza. Sin embargo, la paz que pretende ser de todos, hecha entre todos y aceptada por todos, exige situarse en la perspectiva de la totalidad de un pueblo que quiere la paz, aunque no todos estén de acuerdo en lo que con esta palabra quieren significar. Los partidos y las diversas sensibilidades que los sustentan deben ser conscientes de esa realidad y ellos han de ser quienes, superando sus posicionamientos de partido, realicen la deseada política de Estado relativa a la pacificación. Más allá de las divisiones que tienden a crear mediante la realización de sus particulares políticas de partido.

También esto es cultura política y, en definitiva, exigencia de la común pertenencia a la totalidad del pueblo, poseedor de la "totalidad del poder político, que a la totalidad de ese pueblo se le debe reconocer. Los partidos deben ser los primeros en verlo así y así decirlo.

El esfuerzo ordenado a la creación por todos de la paz que sea para todos, exige que a todos se les reconozca el derecho a colaborar en su realización, tanto individualmente como societariamente. No tiene sentido el hecho de que a las personas a las que se les reconoce la totalidad de los derechos humanos propios de una sociedad democrática, se les niegue la posibilidad de ejercer colectivamente ese derecho, a causa de unas supuestas sospechas colectivas no probadas. Sospechas que, si ciertamente existieran, habrían de estar sostenidas por responsabilidades personales penales individualizables y punibles.

Todos los ciudadanos no impedidos por razones ciertas y punibles deben poder participar en la construcción de una paz, a cuyas exigencias se someterán, como derivadas del compromiso de todos, de asumir lo que por todos debe ser una sociedad en paz. Una paz de la que todos han de beneficiarse. También Sortu ha de poder disfrutar de los derechos ordenados de una sociedad en paz, en los términos establecidos desde la pluralidad de opciones políticas pero coincidentes en las exigencias y los caminos compartidos para hacer la paz y de vivir en paz.