Por asfixia
HACE ya años, la argentina nacionalizada e independentista Patricia Gabancho hizo en su libro El preu (precio) de ser catalans un recuento de lo que cuesta de más el hecho de vivir en el Principat: precios más altos, más peajes por km., más impuestos? Hoy tendría que rehacer las cuentas, porque el precio no para de aumentar, con el diferencial respecto a la mayoría de territorios del Estado.
El prestigioso catedrático y conseller de Economía de la Generalitat, Andreu Mas-Colell, presentó en el Parlament el cálculo del déficit fiscal de Catalunya con España, aplicando el sistema del propio Gobierno español: una media de 16.000 millones de euros anuales. Y para aquellos que argumentan que los impuestos no los pagan los territorios sino las personas, también tradujo que a cada ciudadano del Principat la contribución neta (sin ninguna contrapartida) se sitúa en 2.215 euros. En términos de producto interior bruto (PIB, la suma de todos los movimientos económicos de un ámbito geográfico) supone el 8%, un volumen relativo e insólito en el entorno europeo. Otros técnicos han recordado que el máximo de la solidaridad territorial regulado por ley en Alemania es del 4%. Para acabar de redondear los elementos de reflexión, el famoso déficit público catalán, del 3,72% del PIB, más del doble del tope máximo impuesto desde Madrid, no llega a la mitad de la sangría que muchos llaman expolio español a Catalunya.
Para 2012, en la ley de acompañamiento a los presupuestos, el Parlament ha aprobado las propuestas del gobierno de CiU, de nuevos recortes por un total de 4.000 millones de euros (es decir, la cuarta parte del costo catalán en solidaridad estatal). Incluye nuevas rebajas de sueldos públicos, acompañadas de nuevas figuras de recaudación: el copago sanitario de un euro por cada receta de medicamento, del que solo se excluye a un colectivo de 75.000 ciudadanos (sobre 7,5 millones); una tasa turística, rebajada por exigencia del PP, de entre 50 céntimos y 2,5 euros por cama y noche de alojamiento, según categoría y otras características de establecimientos hoteleros; nuevas tasas de actos judiciales y aumento del canon por el suministro de agua potable?
Gabancho puede ir añadiendo sumandos. Recuérdese la deuda de 759 millones de euros por las inversiones en infraestructuras presupuestadas y no realizadas en años anteriores por el ejecutivo de Zapatero y los 1.400 del fondo de competitividad contemplado en la ley ordinaria de financiación de las comunidades, que se avanzaba en los primeros años de aplicación al ejecutivo presidido por Montilla, pero nunca al de Mas. Para mayor escarnio, la presidenta de Castilla-La Mancha y secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, afirma sin rubor que no hace falta ningún recorte en su territorio, con un déficit del 7,3% de su PIB, y Andalucía ha aprobado unos presupuestos expansivos en el gasto, y en campaña electoral presume de ampliar servicios "mientras otras comunidades los recortan".
Mariano Rajoy ha conseguido que la UE le admita una ampliación del déficit global de las administraciones, del 4,4 al 5,3% del PIB. Cinco décimas menos de lo que proponía, pero nueve más de lo que le habían exigido. Generoso él, ha añadido que ese diferencial de 5 décimas irá a cuenta exclusivamente de la Administración del Estado, no de las autonomías, a las que ya anunciado un nuevo repaso para el año que viene. La reacción inmediata del Govern ha sido preguntar, por ahora sin respuesta, si los recortes estatales salvan el pago de las cantidades reconocidas como deuda (los 2.200 millones de euros, más los que se deriven de 2011 y 2012), o serán parte del ahorro.
Una de las causas de victoria en el judo era la llamada por asfixia. Así parece que domina el Estado español a Catalunya. Aunque la superación del primer trámite parlamentario de la ley de consultas (para convocar referéndums no vinculantes sin necesidad de autorización) es un paso elocuente. El Ayuntamiento de Girona ya ha aprobado una moción para pagar los impuestos a la agencia tributaria catalana y no a la española "en la medida de lo posible" y hasta la exconsejera socialista Montserrat Tura ha proclamado la necesidad, más que legitimidad, del libre ejercicio de expresión de su voluntad por parte del Principat, aunque de momento lo desvincule de la independencia, para unirlo al etéreo sistema federal que ni sus compañeros aceptan.