El conflicto en la enseñanza concertada y el Departamento de Educación
EL pasado 29 de octubre, STEE-EILAS inició la tramitación de demandas de trabajadoras y trabajadores de la enseñanza concertada de la CAPV (340 de 39 centros del ámbito de los llamados de iniciativa social) por incumplimiento de las tablas salariales del Convenio, por parte de las empresas, como consecuencia directa de la aplicación de unos recortes salariales establecidos por el Departamento de Educación. La administración aplica las nuevas tablas directamente -a través del pago delegado- o mediante el recorte de las subvenciones induce a las empresas a saltarse la legalidad vigente no respetando el Convenio. Este conflicto, que afecta a toda la enseñanza concertada, incluidas ikastolas, no ha hecho más que empezar. Se han interpuesto demandas de conflicto colectivo y es previsible que la campaña de reclamaciones se intensifique, sobre todo, si se confirma que los presupuestos de 2011 ahondarán en dichos recortes, extendiendo de 8 a 14 mensualidades su aplicación.
El papel de las entidades patronales hasta el momento ha sido el previsible. Siguen reivindicando su papel empresarial para gestionar sus proyectos educativos y su personal (contratar y despedir) pero a la hora de cumplir salarialmente pasan la pelota al Departamento de Educación.
Transcurrido ya más de un año y medio desde que Isabel Celaá fuera nombrada consejera de Educación, muchas han sido las valoraciones generales acerca de una gestión, siempre mediatizada por el pacto PSE-PP, que tiene en el ámbito educativo uno de sus puntos fuertes: Eskola 2.0, educación para la paz, modelo trilingüe? Sin embargo, casi nada se ha dicho acerca de su actuación en relación a la enseñanza concertada, red que escolariza casi a la mitad del alumnado. De ese análisis no sale bien parado el Departamento.
En primer lugar, el Departamento se estrenó ignorando -como era previsible- el pacto que firmó a oscuras la anterior Consejería con las patronales de la enseñanza privada, durante los últimos días de la legislatura. STEE-EILAS fue muy crítico con aquel acuerdo -en su forma y fondo- y el tiempo nos ha dado la razón cuando decíamos que se iba a quedar en agua de borrajas. Las expectativas respecto a la homologación laboral en el sector quedaron truncadas.
A continuación, los presupuestos de 2010 trajeron recortes generalizados para numerosas partidas del sector que -esto es lo más grave- incidían directamente en la prestación de servicios al alumnado y sus familias o en las condiciones laborales de quienes trabajamos en sus centros. Es el caso de la aplicación de ratios más estrictas en Formación Profesional, la reducción de Especialistas de Apoyo Educativo o plazas de liberaciones para Irale. Estas decisiones se tomaron sin negociación ni comunicación previa con los sindicatos -somos inexistentes para el Departamento- y tienen consecuencias laborales graves que no se han previsto.
De la mano del decreto de Zapatero, el Departamento ha pasado por encima del derecho a la negociación colectiva, imponiendo en el sector hasta dos tablas salariales diferentes a lo largo de 2010, sin que ninguna de ellas sea la establecida legalmente por el Convenio colectivo. Junto con las patronales, han firmado el Convenio, al parecer con el apoyo de CC.OO. Aunque este sindicato se ha puesto una medalla por ello, en el camino se ha quedado la negociación colectiva de este año. Y de cara al futuro, de confirmarse que en adelante se aplicará, de manera automática, la subida contemplada en el presupuesto del Gobierno, las patronales lo tienen fácil.
Por último, el proyecto presupuestario de 2011 confirma todos los recortes que se han establecido a lo largo de 2010 en el ámbito de la enseñanza privada y profundiza -como hemos dicho- en los salariales a las trabajadoras y trabajadores. Si bien para STEE-EILAS se hace difícil de entender que el 99% de los centros privados de la CAPV estén concertados (subvencionados), no parece que la mejor forma de revertir la insostenible tasa de escolarización en la red privada hacia parámetros más europeos sea la de cercenar derechos laborales o rebajar las prestaciones al alumnado. Nos preguntamos cómo pretende el PSE que respondan los centros a todas las exigencias educativas y laborales que venían cumpliendo hasta hace un año. ¿Acaso planea aceptar un sistema de copago, superando el derecho legal a la gratuidad? ¿Está dispuesto a asumir el coste social y laboral del posible cierre de muchos pequeños centros?
Desde STEE-EILAS recordamos que hay una ley que no se cumple. Algunas autonomías gobernadas por el PSOE persiguen mediante multas el cobro de cuotas ilegales, caso de Andalucía; otras exigen a los centros escolarizar conjuntamente a niños y niñas como condición para percibir subvención pública, caso de Cantabria. Podríamos hablar de la permisividad a la hora concentrar al alumnado con necesidades educativas específicas (incluidos inmigrantes) en determinados centros, principalmente públicos; de unas condiciones de contratación del personal que necesariamente deberían ser más objetivas cuando se hacen con dinero público; de la exigencia de una gestión más democrática, abierta a todos los estamentos; de unos idearios que deberán siempre respetar los preceptos legales; de la ausencia -en algún caso- de compromisos claros en materia de capacitación lingüística?
Pensamos que, en el contexto actual, es impensable hablar de algunas cosas. Cuando llegue el momento hablaremos del nuevo sistema de financiación para la red privada, un modelo más equitativo que sustituya al actual de café para todos. Reconocerá de manera adecuada a quienes cumplan, pero no destinará dinero público -ni un euro- a financiar proyectos elitistas. Porque la utilización del dinero público debe tener unos límites y el concepto de concertación no se puede pervertir.
Por último una reflexión. Si el Gobierno no impone una rebaja de sueldos en cualquier otra empresa privada, ¿por qué sí en las de enseñanza? Con esa decisión, hoy tenemos más argumentos quienes exigimos la homologación laboral para el sector.
Ni Departamento ni patronales han tocado hasta ahora la tecla adecuada. O no saben o no quieren. Para ayudarles a afinar, además de la iniciativa judicial, ha llegado el momento de la movilización en defensa de la negociación colectiva y en contra de unos presupuestos restrictivos para 2011. Y abogamos para ello, por la colaboración con los demás sindicatos.