SE dice que este plan no está suficientemente consensuado con todas las partes implicadas, profesores incluidos. Estoy de acuerdo con esta crítica y, en calidad de tal, quisiera hacer una aportación a este debate con la intención de situarlo.

Creo sinceramente que el plan huele a partidista, que es tuerto, reduccionista, centrado en parcialidades. Me recuerda a leyes que se aprobaron ad hoc, cuando la ley debe ser general.

Creo que una buena educación cívica debe estar basada en lo que Adela Cortina llama ética mínima, que no es otra cosa que todos y cada uno de los derechos humanos. La experiencia me hace ver que no sólo los estudiantes desconocen el contenido de la Declaración sino que, desgraciadamente, la mayoría de los adultos también la desconoce y si lo hace, no cree seria y profundamente en él. Un ejemplo de ello es la aceptación de la tortura y de la pena de muerte bajo la pseudojustificación de que los criminales se lo merecen o aquella otra de que es un medio adecuado para un fin. Y esto lo creen tanto los que apoyan la violencia de ETA como los que se creen demócratas por excelencia.

Éste, el de los derechos humanos, es el principal contenido o currículo de una buena educación en valores tales como la paz y la convivencia. Pero entendiendo y haciendo entender a los alumnos la necesaria escrupulosidad en su respeto so pena de deslegitimación si se conculca cualquiera de sus artículos de forma intencionada y sistemática. Pues deben entender, como deberían entenderlo tanto los ciudadanos adultos como los miembros del legislativo, judicial y ejecutivo, que la legitimación de todo estado pasa por el respeto escrupuloso a todos los artículos de la Declaración y de otros documentos, acuerdos y convenciones vinculados a ella. Es más, deberían entender que el estado es la institución que más celo debe mostrar en su respeto. Además, la violencia de ETA acabará, pero el Estado seguirá con nosotros. De ahí que la ley no pueda ser ad hoc.

Presentar a víctimas de conculcaciones de unos derechos y no a víctimas de conculcaciones de cualquier derecho, incluso conculcaciones por parte del Estado, así como del franquismo, parece una propuesta reduccionista, parcial, partidista.

Si se quiere convencer a jóvenes y no tan jóvenes de que la violencia es ilegítima, habría que debatir abiertamente en las aulas y donde sea, sin miedo, cuándo una violencia es legítima y cuándo no, dando razones, analizando los casos, las circunstancias, siempre con los derechos humanos en la mano como referencia del límite no rebasable. Pero para esto no hacen falta nuevos planes, solo hay que ahondar en lo existente: educación en derechos humanos. Y de presentar cómo es la cara del dolor sufrido por la conculcación, que sea la cara de todas las conculcaciones. Los estudiantes tienen derecho a ello.