La precampaña puede continuar (en Catalunya)
LA falta de sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatut de Catalunya permite, al menos provisionalmente, la continuidad de la precampaña para las autonómicas y el mantenimiento del calendario según las previsiones iniciales a pesar de que hoy hace exactamente una semana el presidente Montilla anulara todos los compromisos de su agenda ante la eventualidad del recorte del texto estatutario.
Porque de la decisión del Tribunal Constitucional cabe esperar aún una triple alternativa: que lo reduzca a la nada, que aplique recortes trascendentales, o que elimine partes importantes. De hecho, el texto de la ponencia, rechazado por mayoría, incluía la anulación de una decena de artículos y la "interpretación" (léase reducción de efectos) de una veintena más.
Así que parece improbable el cumplimiento de la afirmación del Gobierno español que la sentencia llegará todavía "antes del verano", cuando la ponencia habrá de ser elaborada de nuevo por un autor diferente, el vicepresidente del tribunal Guillermo Jiménez, del llamado "bloque conservador, cuya actuación no permite augurar una propuesta más favorable al texto original del Estatut. La anterior encargada tardó bastante más del doble en presentar la primera redacción, a la cual seguirían cuatro más con idéntico resultado negativo.
Decíamos que la precampaña continua, cada vez más polarizada entre la causa común del partido de los socialistas y el candidato a la reelección, réplica a la casa grande del catalanismo lanzada con anticipación por la coalición que lidera Artur Mas.
Quedan, sin embargo, las incógnitas de hasta dónde pueden llegar alternativas minoritarias, incluso personales, que se verán favorecidas sobre todo en caso de producirse la gran abstención que se prevé. Las encuestas conceden escasas posibilidades de continuidad a la opción de Ciudadanos, pero hay una eventual sucesión peor: la Plataforma per Catalunya, que ya triunfó en diversos municipios, con un programa basado casi exclusivamente en la xenofobia. Y otra, no menos populista e inconcreta, pero de signo bien diferente, dedicada a propugnar exclusivamente un proceso de independencia a través del Parlament, que tampoco da resultados en los sondeos conocidos hasta ahora, al menos mientras se despeja la incógnita y el Reagrupament de Joan Carretero se pone o no bajo el liderazgo del presidente saliente del Barça, Joan Laporta, arma de doble filo a la hora de ampliar el espectro de integrantes.
Pero volviendo al Constitucional, el propio Tribunal ha sido el gran perdedor de la decisión de no decidir por quinta vez. Deslegitimado por incompleto en su composición, por el mantenimiento de miembros que hace años terminaron el plazo máximo de pertenencia -el nuevo ponente y vicepresidente, por ejemplo, acabó su mandato en 2007, hace más de dos años- y por el hecho mismo de entrar a reinterpretar un texto avalado por el Parlament catalán, las Cortes españolas y un referéndum, le faltaba la guinda del penúltimo fracaso después de casi cuatro años mirando y remirando el texto sin resultado alguno.
Precisamente coincidiendo con la no-sentencia tras cuatro años de deliberaciones, las agencias reproducían la decisión del Consejo General del Poder Judicial de suspender por un mínimo de seis meses al titular de un juzgado de Soria por el "alarmante" descenso en su tasa de resoluciones. Entre miembros de la judicatura, como entre los ciudadanos, todos somos iguales ante la justicia, pero sigue habiendo algunos más iguales que otros. Y cada día que pasa, entre las sombras que van ennegreciendo el Constitucional, la instancia de excepción que es la Audiencia Nacional y el sistema en general, van abrumando de razones al ex alcalde andalucista de Jerez, Pedro Pacheco, en su definición de la justicia española.