Sabemos que vivimos en un sistema de libertad de precios, que la oferta y la demanda rigen el funcionamiento de muchos servicios y sabemos, también, que ganar dinero no es en sí mismo algo reprochable. Pero hay momentos en los que el mercado, sin dejar de ser legal, pierde el pudor. Tras el accidente ferroviario en Adamuz que ha dejado miles de personas sin trenes, los precios de vuelos y alquileres de coches se han disparado. No hablamos de subidas moderadas ni de ajustes razonables ante un aumento de la demanda. Hablamos de vuelos que han pasado de costar 60 euros a 200. Y en algunos casos, a 800 o incluso 1.000 euros. Hablamos de alquileres de coche que, tras una simple consulta, suben en minutos por encima de los 100 euros, con cotizaciones que alcanzan cifras sencillamente obscenas. Todo ello es legal. Pero ¿es ético? Porque aquí no estamos ante una campaña turística, un puente festivo o un evento deportivo. Estamos ante una desgracia. La libertad de precios no puede ser un salvoconducto moral para convertir la necesidad ajena en una oportunidad de beneficio extremo. Regular este tipo de prácticas no es atacar la economía de mercado. Es reconocer que hay circunstancias –emergencias, catástrofes, accidentes graves– en las que el interés general debería prevalecer sobre el margen máximo de beneficio. Porque, si aceptamos que todo vale mientras sea legal, entonces el problema no es el precio del vuelo o del coche. El problema es el modelo de sociedad que estamos normalizando.