El pasado martes, Robert Jenrick, ministro de Migraciones de Reino Unido, tragó saliva ante un micrófono. No por falta de costumbre -en 2014 dejó la dirección de la casa de subastas Christie’s para iniciar su carrera política- sino porque debía admitir que doscientos menores, la mayoría adolescentes procedentes de Albania, han desaparecido en alojamientos británicos de solicitantes de asilo. Dos días antes, una investigación periodística de The Observer había destapado el supuesto secuestro por grupos criminales de decenas de refugiados menores de edad alojados en un hotel de Brighton gestionado por el Ministerio del Interior, hechos que parecen repetirse en otras instalaciones similares del sur de Inglaterra. Gran Bretaña recibió el pasado año 72.027 peticiones de asilo y tiene 231.597 refugiados en acogida. Jonathan Ellis, del Britain’s Refugee Council, organización británica de apoyo a los refugiados, lo resumió en una frase: “Hay falta de voluntad política, un enfoque político equivocado y, en consecuencia, fallos en los recursos asociados para atajar realmente el problema”. No hace falta gran imaginación para trasladarse de Brighton y sus hoteles para refugiados a Gasteiz y el macrocentro que se pretende abrir en la clínica Arana. A propósito, en 2022 se recibieron en Euskadi 4.046 solicitudes de protección internacional; dos tercios de ellas están fuera del sistema estatal de acogida.
