N centenar de mujeres gallegas, algunas menores de edad, llevan dos años luchando para que se castigue a quien, por supuesto sin su consentimiento, les grabó sus partes íntimas con cámara oculta mientras orinaban y difundió las imágenes en páginas porno de Internet. Un tal Muñoz, presuntamente juez, ha fallado que, como no se las violentó físicamente y aconteció en la vía pública, más o menos se lo han buscado. Su aberrante justificación resulta tan carpetovetónica como el supremacismo de Ayuso en Nueva York advirtiendo de que "el indigenismo es el nuevo comunismo", cuando no hay mayor aborigen madrileño que ella, tan acostumbrada a hacer el indio que hasta se mete con el Papa. Otro elemento de la esfera institucional, el ministro de exclusión Escrivá, anima a alargar el periodo de jubilación hasta los 75 para trabajar más, debe ser porque no será hasta entonces cuando la mayoría de jóvenes pueda alcanzar los años necesarios de cotización. No es el caso de Susana Díaz, que huye de Andalucía para presidir una comisión en el Senado y asegurarse un sueldo de 6.500 euros al mes más lo que amase de tertuliana para seguir viviendo de la política como las últimas tres décadas. La avalancha de sandeces que darían para un serial de ficción es tan real como, aún hoy y sin irse tan lejos, tratar de concertar una cita telefónica con su médico de cabecera, ni siquiera presencial, y que se la coloquen, con suerte, una semana después. Para mear y no echar gota.

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