L AS administraciones vascas utilizaron la semana pasada por primera vez el Fondo Extraordinario de Ajuste, un bote con el que se corrigen los desequilibrios entre la recaudación real de cada Diputación foral y lo que aportan a los Presupuestos del Gobierno vasco, que se determina en función del PIB de cada territorio. Es un mecanismo puente a la espera de que apruebe una nueva Ley de Aportaciones, que lleva desde el año 2011 pendiente de renovación y es una cuestión en la que ni siquiera ha sido posible alcanzar un acuerdo estando el Ejecutivo y las tres diputaciones presididas por el mismo partido. La raíz de la discordia es que Araba y Gizpuzkoa se sienten perjudicadas por el actual reparto, lo que implica que a Bizkaia le queda mejor el traje y no hay forma de alcanzar un punto en el que todos se sientan cómodos. Por ello, a pachas entre el Gobierno vasco por un lado y las diputaciones en función de su volumen de recaudación por otro se pone un bote que se llevan los agraviados por el actual reparto. El caso es que las cantidades con las que se va a compensar este año a la Diputación alavesa, 2,5 millones de euros, y a la guipuzcoana (3 millones), son dos gotas de agua dentro de los más de 10.400 millones que recibe el Ejecutivo vasco de las tres diputaciones. En definitiva, las diferencias económicas no parecen tan elevadas y se percibe que con algo de voluntad por todas las partes se podría alcanzarse un acuerdo y evitar ajustes de cuentas.
