Vamos a decirlo claro de una vez. Hay individuos que, presentándose como el no va más del progresismo, defienden que es un derecho inalienable entrar por la fuerza en la casa –por poner un ejemplo real y relativamente reciente– de una mujer de 95 años, destrozar todos sus enseres y dejarla en la calle. Y no se quedan ahí. Varios escalones de indignidad más arriba, sostienen que si la despojada de su morada pretendiera recuperarla quedaría automáticamente asimilada al más desalmado de los fondos buitres y señalada sin miramientos como egoísta desahuciadora de prójimos vulnerables. Ojalá lo que les cuento fuera un caricatura exagerada, pero, por desgracia, es el fiel y hasta descafeinado retrato de las actitudes de las formaciones autoproclamadas de izquierdas que se han juramentado para tumbar la propuesta del PNV de agilizar el desalojo de usurpadores de pisos. Digo “formaciones”, pero tal vez debería decir “personas”, porque sus posicionamientos ruines obedecen, en realidad, a las claves más íntimas y menos confesables. Ocurre que todos y cada uno de los portavoces disfrutan de situaciones económicas y sociales que les ponen a salvo de que su primera, segunda o tercera vivienda sean tomadas por las bravas y se vean en el brutal desamparo de tener que luchar para que se les reconozca la propiedad de lo que es suyo. La indecencia sube a registros insuperables cuando falsean el lenguaje y pretenden equiparar el desalojo de ladrones de pisos con el desahucio de personas vulnerables que, pese a haberlo intentado por todos los medios posibles, no son capaces de hacer frente al alquiler o la cuota de la hipoteca. Viendo la mayoría de los titulares haraganes sobre la cuestión, que utilizan el tan malintencionado como incorrecto término “desahucio”, uno cede a la tentación de pensar que está todo perdido. Luego, cuando hasta en los barómetros más buenrollistas de la galaxia la mayoría de los encuestados se pronuncia en contra de la usurpación, se recupera la confianza.
